La actual secretaria general del PP de Ceuta y ex consejera de Medio Ambiente, Yolanda Bel, y la secretaria general de la Asamblea, María Dolores Pastilla, han declarado esta semana en sede judicial en el marco de las diligencias que se instruyen por la gestión de vehículos en el depósito judicial, en concreto por las autorizaciones expedidas desde la Administración autonómica para el traslado y destrucción de automóviles.

Según fuentes conocedoras del contenido de sus declaraciones, ambas han explicado que iniciaron un expediente administrativo para destruir unos vehículos del depósito de Benzú y que lo hicieron porque sabían que había “problemas”. Bel firmó como presidenta del Consejo de Administración de AMGEVICESA y Pastilla actuó como fedataria y responsable del informe correspondiente para tramitar un Decreto que posibilitó la salida de cientos de automóviles.

Colapsado, el depósito municipal de vehículos dejó de ser en 2012 el destino de los coches requisados por orden judicial y las Administraciones aceleraron el traslado para su supuesta destrucción de los vehículos. El primer expediente se completó con éxito pero en el segundo se registraron denuncias de propietarios que, al terminar sus causas judiciales, no pudieron recuperar sus vehículos.

De acuerdo con la versión de ambas, que figuran en el sumario en calidad de investigadas por un presunto delito de prevaricación, las actuaciones de la Administración local se pusieron en marcha con un oficio del presunto jefe de la Gerencia del Ministerio de Justicia en la ciudad “diciendo que esos vehículos no estaban sujetos a procedimiento judicial alguno”, por lo que se limitaron a “aplicar la normativa general y autorizar la destrucción”.

La Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil explotó la causa en octubre con la detención en Sevilla del referido funcionario, que según el Ministerio de Justicia nunca fue gerente de nada, O.M., que estuvo en prisión provisional hasta finales de enero, cuando la Audiencia Provincial de Cádiz aceptó su puesta en libertad sin pasaporte y con obligación de comparecer los lunes y los jueves en sede judicial.

La causa trata de esclarecer si, como apuntan “las declaraciones de un coinvestigado, testigos y a la documentación aportada por la Guardia Civil”, el referido funcionario recibió “en dos ocasiones” 3.000 euros desde una de las empresas depositarias de los automóviles. También se intenta dilucidar si ese dinero era solo para el investigado o lo repartía con terceras personas.

La Guardia Civil tomó declaración como detenido a finales de octubre al entonces gerente de la Empresa Municipal de Aparcamientos y Gestión Vial de Ceuta (AMGEVICESA), que tres días después dimitió de su cargo “habida cuenta su situación como investigado y con base en razones de coherencia personal”.