Nuevas pruebas sobre posibles abusos a menores no admitidas, declaraciones cruzadas, rectificaciones forzadas y una acusación de “desprecio a la verdad” rodean el juicio a Javier Guerrero, exconsejero ceutí. El proceso, relacionado con supuestas injurias al director del centro de La Esperanza queda ahora a la espera de sentencia
El Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio seguido contra Javier Guerrero, exconsejero de Sanidad del Gobierno local, acusado de calumnias e injurias contra Julio Rodríguez, director del centro de menores La Esperanza.
Este procedimiento guarda similitudes con otro anterior en el que Guerrero fue juzgado por hechos parecidos en relación con Rafael Gallardo, director de la llamada "Esperanza de Abajo", del que resultó absuelto.
La sesión comenzó con la solicitud por parte del Ministerio Fiscal de incorporar una nueva prueba documental al procedimiento. Se trataba de imágenes de contenido sexual obtenidas por la Guardia Civil en el marco de una investigación paralela, a través de cámaras instaladas en el vehículo del acusado. El fiscal argumentó que estas grabaciones evidenciarían contactos sexuales del acusado con un menor. No obstante, el juez denegó su inclusión por considerar que su presentación no se realizó en el momento procesal oportuno, concretamente durante la fase de cuestiones previas, y por su posible escasa vinculación con el objeto del proceso actual.
Durante la vista, el representante del Ministerio Público expuso que el 22 de septiembre de 2022, alrededor de las 23:50 horas, Guerrero habría coincidido en el aparcamiento del centro comercial El Revellín con un menor, supuestamente vinculado a un centro de protección de menores de la Ciudad Autónoma, aún sin identificar. Según el relato fiscal, el acusado habría realizado tocamientos al menor en el interior del vehículo.
El fiscal también hizo referencia a un segundo episodio que habría tenido lugar el 1 de octubre de 2022, sobre las 18:09 horas, en el aparcamiento del hospital universitario. En esa ocasión, Guerrero habría mantenido contacto físico con otro menor, identificado y bajo tutela de la Ciudad Autónoma, al que supuestamente besó y realizó tocamientos, de nuevo en el interior de su vehículo.
El Ministerio Público explicó que estos hechos habrían ocurrido en fechas cercanas a la declaración que Guerrero efectuó el 30 de septiembre de 2022 ante los medios de comunicación a las puertas de la Jefatura Superior de Policía, en la que anticipó que “se dirían cosas muy feas” sobre él. En aquel momento, no se había hecho pública ninguna acusación concreta, aunque ya existía una investigación en curso por parte de la Guardia Civil.
Durante la sesión, el fiscal describió el contenido de las imágenes registradas por los agentes, donde se observa a Guerrero interactuando con los menores en el interior de su vehículo, incluyendo conversaciones, gestos físicos y acciones que, según el Ministerio Público, podrían constituir indicios de delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
Pese a la gravedad de los hechos descritos, la causa en curso en el Juzgado de lo Penal número 2 se circunscribe exclusivamente al presunto delito de injurias vertidas por Guerrero contra el director del centro de acogida, quedando fuera de este procedimiento judicial las conductas investigadas por la Guardia Civil en relación con posibles delitos de naturaleza sexual.
El juez rechazó la admisión de nuevas pruebas, por lo que se procedió a la reproducción de una declaración pregrabada de un mediador del centro, quien denunció en su día comportamientos “inadecuados” de Guerrero con menores. Entre los hechos relatados, mencionó dos situaciones concretas: una en el baño del hospital, donde Guerrero habría entrado con un menor, y otra en una gasolinera. Según el testigo, informó de lo sucedido al director del centro.
Posteriormente, se presentó una rectificación de su testimonio, que él asegura no haber redactado, alegando que fue coaccionado a firmarla. Según su versión, recibió presiones para retractarse, bajo la advertencia de que no se "metiera en un fregado". El mismo individuo que presuntamente lo presionó presentó el 30 de septiembre de 2022 una denuncia en comisaría acusando a los directores de La Esperanza de coaccionar a los menores para implicar a Guerrero a cambio de beneficios como su traslado a la península.
Tras esta intervención, las partes elevaron a definitivas sus conclusiones.
Coincidencias entre Fiscalía y Acusación
Tanto el Ministerio Público como la acusación particular, representada por el letrado Javier Izquierdo, sostienen que Guerrero incurrió en calumnias el 30 de septiembre de 2022 al comparecer ante los medios a las puertas de la comisaría de Colón. Aquel día aseguró haber presentado "denuncias" cuando en realidad fue una sola, y, aunque no mencionó nombres, aludió claramente a los directores de los centros de La Esperanza.
Ambas partes han resaltado que, tras esas declaraciones, Guerrero publicó una rectificación en la que intentaba desvincular a los trabajadores del centro, si bien volvía a señalar a los directores. Además, cuestionaron la veracidad de los testimonios de varios menores que afirmaron haber recibido regalos del acusado, y recordaron que esos mismos testigos no pudieron ser localizados por la Audiencia pero sí por la defensa, lo que generó sospechas sobre la imparcialidad de su aparición en el proceso.
La Fiscalía calificó la actuación de Guerrero como una "cortina de humo" con la que pretendía desviar la atención y obtener un rédito político. Por su parte, Izquierdo destacó que las declaraciones del exconsejero provocaron un serio desprestigio a su representado, un funcionario público encargado de la tutela de menores, y pidió que se considere al menos la comisión de un delito de injurias si no se estimara el de calumnias.
La defensa: “Fue un ejercicio legítimo de defensa”
La abogada defensora, Cecilia Pérez Raya, pidió la absolución de su cliente y denunció que el proceso ha estado “contaminado” por otras causas judiciales en las que Guerrero está implicado. Alegó que su intervención ante la prensa fue un ejercicio legítimo de defensa del honor, el denominado animus retorquendi, en respuesta a lo que consideraba una injuria previa.
Pérez argumentó que su cliente actuó movido por el deber de proteger a los menores, cuya situación sanitaria era precaria antes de su implicación. Defendió que Guerrero no tenía intención calumniosa y que simplemente relató hechos de los que tenía conocimiento. También criticó que se haya cuestionado el papel de testigos vinculados al acusado o a los responsables del centro, subrayando que no existe evidencia de represalias hacia estos últimos por parte de su cliente.
Guerrero, finalmente, renunció a su derecho a la última palabra.
