CCOO volverá a denunciar al Poder Judicial la instrucción de las presuntas torturas en Punta Blanca


CCOO volverá a denunciar al Poder Judicial la instrucción de las presuntas torturas en Punta Blanca

- El proceso, que se inició hace 32 meses y ya ha pasado por las manos de cuatro jueces, no ha dado "ni un paso adelante" durante los últimos cinco meses según el sindicato, que ejerce la Acusación Particular

- Comisiones ha aportado una docena de testimonios de ex internos que corroboran la práctica de presuntos malos tratos e incluso ha pedido protección para uno de ellos tras ser golpeado

Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta denunciará durante los próximos días por segunda vez al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la “dilación indebida” que a su juicio acumula la instrucción del proceso que sigue el Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad autónoma tras su denuncia por la comisión de presuntas torturas sobre los internos en el centro de reforma de menores de ‘Punta Blanca’, dependiente de la Dirección General de Menores del Gobierno ceutí.

Fuentes del sindicato han recordado este jueves en declaraciones a Ceutaldia.com que Comisiones instó a la Fiscalía en enero de 2009, "hace dos años y ocho meses", a investigar los “presuntos casos de malos tratos” detectados a raíz de la testifical de una persona que todavía goza del estatus de testigo protegido, cuya versión ha sido ratificada posteriormente en sede judicial por personal del centro y al menos una docena de ex internos.

Dichas supuestas torturas, por las que ha declarado en calidad de imputada una trabajadora que permanece en su puesto de trabajo sin que la Administración le haya incoado ningún tipo de expediente, consistirían en mantener a los menores “esposados con grilletes a las camas durante horas” e incluso, “si persisten en su actitud, amarrados con correas a las mismas camas, quedando totalmente inmovilizados también durante horas”.

El caso de presuntas torturas, al que CCOO cree que podría sumarse el “agravante de abuso de cargo por autoridad o funcionario público, tipificado en el Código Penal”, ha pasado durante los últimos 32 meses por las manos de cuatro jueces. Las primeras diligencias se cursaron impidiendo al sindicato personarse como parte, decisión que revocó en 2010 la Audiencia Provincial, permitiendo la asunción por parte de Comisiones de la Acusación Particular que actualmente ostenta pese a la radical oposición planteada por la representación legal de los trabajadores.

Representantes de Comisiones Obreras han criticado a este medio que el Juzgado no ha dado “ni un paso adelante” en la instrucción durante los últimos cinco meses pese a que el sindicato ha seguido incorporando media docena de declaraciones de jóvenes que pasaron por 'Punta Blanca' y que respaldan lo dicho por el testigo protegido. La central ha solicitado incluso protección para uno de ellos aportando el parte médico de la supuesta paliza que recibió tras aportar su testifical, petición que “no ha tenido respuesta”.

La Acusación Particular ha advertido de que la “ilimitada e injustificada” prolongación de la instrucción “puede conllevar la prescripción de algunos de los delitos investigados” pese a que en febrero de 2010 ya pidió la intervención del CGPJ.

Querella de la plantilla, a la que ampara el Gobierno

La plantilla de Punta Blanca se ha querellado en bloque por un delito contra su honor contra dos de los responsables máximos del sindicato, su secretario general y su secretario de Organización, Juan Luis Aróstegui y Ramón del Valle-Inclán, por propiciar un “hostigamiento público” contra los trabajadores “utilizando hasta extremos que por respeto a los mismos menores no queremos hacer públicos” los testimonios recibidos.

Igualmente, los trabajadores advirtieron hace 18 meses que el mismo testigo protegido ha declarado al fiscal que "por parte Comisiones Obreras se está dando una dimensión a esta situación que no es la que el declarante mencionó a Ramón [Valle Inclán] Moreda" y dejaron entrever que los tres trabajadores que han corroborado la existencia de las prácticas denunciadas lo hicieron por motivos espurios.

El Gobierno ceutí que preside Juan Vivas amagó en febrero de 2010 con querellarse también por injurias y calumnias contra Aróstegui, aunque no ha materializado, que se sepa, tal intención. El Ejecutivo siempre ha defendido que los centros de menores que gestionan funcionan “perfectamente”.

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