Desde el mes de julio, 121 jóvenes han terminado una noche de fiesta con una multa de hasta 350 euros por participar en un botellón y más de 200 fuera sancionados por incumplimientos de las ordenanzas. Así lo ha respondido el consejero de sanidad y Gobernación, Alberto Gaitán, en respuesta a interpelación de Vox, que alertaba en un tono dramático de las consecuencias de los botellones. 

“Son imágenes desoladoras, restos de basura, cristales rotos y vómitos”, describía la diputada del la formación ultraconservadora, Ana Belén Cifuentes, para quien además de las “constantes molestias los vecinos” de estos botellones, que “no pueden conciliar el sueño”, la “permisividad” del Gobierno supone un agravio comparativo con los locales de ocio nocturno, que han “sufrido todo tipo de restricciones”. “Parece ser que la ciudad considera el botellón ocio nocturno y permite que lo ilegal se convierta en legal”.

Una acusación que Gaitán considero “excesiva”, recordando que se han cerrado las zonas en las que se venían realizando esta práctica de ingesta de alcohol en la vía pública, y desde entonces no se han vuelto a registrar aglomeraciones.

“Los decretos de Sanidad vienen recogiendo estos cierres y la policía esta actuando con enorme profesionalidad desde aquí debo reconocerlo. La Policía claro que interviene en los locales de ocio nocturno y en cualquier otro lugar que incumpla a las normas y se incoan los expedientes con todas las garantías”, zanjaba Gaitán.

Cifuentes, para no salirse del todo del guion del discurso de su formación, mezcló la problemática del botellón en pandemia con los menores migrantes que piden limosna en el Poblado Marinero, los que atribuyó actos de vandalismo y agresiones de las que no hay constancia: “Los propios menas incomodan a los pocos clientes que puedan aparecer, van pidiendo de mesa en mesa y cuando no reciben lo que piden tienen gestos agresivos, rompen mobiliario, rompen sillas, estos empresarios solo quieren trabajar con seguridad”.