Funcionarios de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona han detenido a tres personas (y siguen buscando a otros posibles implicados) como presuntos autores de, entre otras, una estafa denunciada en Ceuta el pasado mes de septiembre, cuando una víctima alertó de que había ingresado 210 euros como 'señal' en una cuenta corriente para adquirir un teléfono móvil a través de la web Segundamano.es. El terminal nunca llegó a su destinatario.

A raíz del hecho denunciado se iniciaron investigaciones que permitieron identificar a cinco individuos, todos ellos residentes en Cataluña, como autores responsables de "numerosas estafas a través de Internet, usurpación del estado civil y falsedad documental en distintos puntos del territorio nacional".

El 'modus operandi' utilizado pasaba por publicar en páginas de Internet dedicadas a la compraventa de artículos diversos ofertas de venta de terminales de teléfonos móviles de gama alta, entre otros dispositivos, que eran fraudulentos ya que en realidad no se disponía de las mercancías ofertadas. Los productos eran ofrecidos por precio inferior al de mercado, asegurándose, de esta manera, de que despertaban el interés entre los posibles compradores de buena fe.

A los atraídos por estos anuncios se les instaba a realizar un ingreso bancario por el importe acordado en una cuenta que se facilitaba vía Whatsapp. Además, los estafadores solicitaban que el comprador remitiera una fotografía de su DNI para "dar fiabilidad a la transacción", según ha informado este martes la Jefatura Superior de Ceuta en una nota a los medios.

Esas imágenes eran posteriormente usadas por los autores para identificarse como vendedores de buena fe en estafas sucesivas, remitiéndolas a las nuevas víctimas también "en prueba de fiabilidad" y para dificultar la investigación policial. Así, los titulares de los DNI que se interesaron en comprar se encontraron con que eran objetos de denuncias como presuntos autores de estafas similares a las que habían sufrido, debiendo asimismo denunciar la usurpación de su estado civil.

Los autores siempre llevaron a cabo las estafas asegurándose que el importe de las mismas no superasen nunca los 400 euros "a fin de que las infracciones fueran tipificadas como faltas" y las denuncias se han extendido por toda España: Ceuta, La Coruña, Zamora, Arenas de San Pedro (Ávila), Manacor, Bilbao, Alicante, etcétera.

En cuanto a las cuentas bancarias utilizadas para la recepción de los importes obtenidos fraudulentamente, una vez se recibían los abonos de los distintos compradores, en connivencia con el principal autor, retiraban de inmediato el dinero y lo hacían llegar al cabecilla, percibiendo por cada una de las operaciones una cantidad determinada en concepto de comisión.