Explicaciones líquidas
El director general de la Guardia Civil, antes de regresar a Algeciras.

- La versión oficial sobre lo sucedido hace una semana en el Tarajal lleva siete días intentando adaptarse a los meandros de la polémica sin resolver varios puntos cardinales de la tragedia

- El director general de la Benemérita y el delegado dan explicaciones confusas sobre la falta de imágenes oficiales de lo sucedido en el mar y justifican que no se avisase a Cruz Roja o Salvamento porque en España no estaba pasando nada

- Fernández de Mesa asume que se lanzaron pelotas de goma al agua pero sólo para marcar con "trazas" dónde estaba el límite entre España y Marruecos


“Hay que repetirlo setenta veces: no-fueron-hechos-producidos-en-España”. Visible y audiblemente crispado, el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, ha dado síntomas evidentes de hartazgo. A punto de cumplirse siete días después del intento de entrada en grupo que cientos de subsaharianos protagonizaron el 6 de febrero a primera hora de la mañana y que se saldó con al menos 14 muertos, no todo el mundo tiene “todo muy claro”, como el jerarca de la Benemérita, lo sucedido ese amanecer en el Tarajal.

El enredo llega al punto de que hasta el número total de fallecidos a escasos metros de la costa, no en medio del Estrecho, es aún una incógnita. Han aparecido 11 cadáveres (nueve en Marruecos y dos en España) pero a las autoridades de este lado de la frontera, según todas las fuentes consultadas, les consta que en el mar quedan al menos otros tres.

El ministro del Interior tendrá este jueves por la tarde otra ocasión de “informar sobre los hechos acaecidos en la frontera” de Ceuta, según la redacción literal de su solicitud de comparecencia a petición propia. Antes que él lo han intentado el director general de la Benemérita, Arsenio Fernández de Mesa, por última vez este miércoles en la ciudad autónoma, el delegado del Gobierno y un buen puñado de portavoces oficiales. Explicaciones líquidas, el argumentario oficial se ha ido intentando adaptar a cada meandro de la polémica con relativo éxito.

De todas las palabras oficiales queda un relato de los acontecimientos que, resumido, apunta que el jueves 6 de febrero a eso de las 7.45 horas un grupo de unos 400 subsaharianos se lanzó a la carrera sobre la parte marroquí del puente del Biutz. Desde ahí siguió en paralelo al perímetro fronterizo hasta las instalaciones fronterizas y finalmente alcanzó la playa. El grupo hizo uso de una violencia desconocida y las Fuerzas de Seguridad les contuvieron haciendo uso de material antidisturbios (pelotas de goma y munición de fogueo) pero solo en tierra, nunca sobre las personas, siempre al aire y “para asustar”.

Una vez al lado del mar, según el delegado, agentes de uno y otro país colaboraron sin tener en cuenta a quién pertenecía cada territorio o cada ola. En origen, ningún indocumentado había llegado a suelo español, algo que posteriormente desmintieron vídeos grabados por testigos presenciales. Las muertes se produjeron, por aplastamiento o ahogamiento o ambas, en medio de la trágica “montonera” que se organizó en la playa. La actuación policíal, “impecable”. Se hizo lo que había que hacer. Hay que seguir “igual”, según Fernández de Mesa.

El otro relato de lo sucedido está hilvanado en la escalofriante denuncia penal de 14 páginas presentada ante la Fiscalía General del Estado. En ella, representantes de oenegés aseguran haber recogido por separado y sin posibilidad de coordinación previa testimonios de testigos protagonistas presenciales, entre otras pruebas, que señalan que fueron guardias civiles los que no solo utilizaron material antidisturbios directamente contra los subsaharianos que estaban en el mar, sino que también hubo negación de auxilio e incluso agresiones.

En siete días las autoridades han pasado de exponer su versión, primero, a presentar la contraria como un juicio sumarísimo a la trayectoria y los méritos de todo el Instituto Armado, después. Finalmente, este miércoles han alertado de que “todos aquellos que hayan hecho declaraciones injuriosas, calumniosas o falsas contra la Guardia Civil” recibirán querellas criminales.

Desde el principio pareció lógico pensar que cualquier infamia sería fácilmente rebatible, que en una frontera tan tecnificada habría pruebas en vídeo de qué había pasado en y junto al mar. Con el antecedente de Melilla, este medio consultó el mismo jueves la posibilidad de acceder a imágenes oficiales. La respuesta obtenida fue que nunca se difundían. A Eldiario.es se le aseguró en primera instancia que no había cámaras en esa parte de la frontera. Después se reconoció que sí pero que no se habían repasado las cintas. Finalmente, Interior distribuyó tres minutos de grabación sin una sola toma del espigón.

Este miércoles, al ser preguntados por si no había ninguna imagen del meollo de la tragedia, Fernández de Mesa y González Pérez han parecido dubitativos:

- “Las que he visto hasta este momento… No sé si hay alguna imagen… ¿Tú tienes…?”, ha contestado el director general invitando a pronunciarse al delegado.

- “Las que hemos visto son las imágenes que se perciben pero es que las imágenes que son del espigón están apuntando obviamente a la zona española”, ha tomado la palabra el ex diputado, “y como los acontecimientos no se produjeron en España, que hay que repetirlo setenta veces, no-fueron-hechos-producidos-en-España, pues esas imágenes desde la parte española lo que se ve es lo que se ha desarrollado en España”.

- “Yo”, ha terminado Fernández, “no conozco otras imágenes que las que ya se han pasado por todas las imágenes y ha visto todo el mundo, en las que no hay absolutamente nada por lo que se le pueda imputar ningún tipo de delito a ningún guardia civil”

 

En el vídeo distribuido por la Guardia Civil y grabado por distintas cámaras del perímetro todas las secuencias son del otro lado de la frontera. Fernández de Mesa ha llegado a alegar que España no tiene nivel técnico para efectuar una “grabación continua” con los equipos de los que dispone. El argumento de que si las cosas pasaron a uno u otro lado de la frontera como eximente ha sido utilizado también para solventar otra duda, la de por qué el jueves no se avisó a Cruz Roja o a Salvamento Marítimo de la situación de alerta humanitaria que se estaba dando, a tenor por su funesto resultado final, en el Tarajal.

- “¿Por qué no se pidió su presencia?”, se ha preguntado a los altos cargos

- “Nosotros no tenemos que reclamar la presencia de nadie porque en nuestras aguas no tenemos a nadie. Nosotros nos ponemos a disposición de Marruecos para que con nuestras embarcaciones y los GEAS, cuando lo necesiten, estemos a su entera disposición”, ha replicado Fernández de Mesa.

 

El director general ha alabado sin reparos la colaboración con el país vecino. Por el camino ha introducido una novedad en el relato de lo sucedido. Una nota discordante, en realidad, con la línea argumental de cooperación total mantenida hasta ahora. Según ha desvelado, en medio del intento de entrada sí se dispararon “pelotas de goma” sobre el mar, supuestamente para dejar claro, no se ha precisado a quién, dónde terminaba uno y otro país:

- “Lo único que se ha hecho fue la traza desde el espigón de la zona en la que se delimitaba todo lo que era la zona marroquí o la zona española. Nada más. Fíjese usted que hay una orden dada, y está recogido en el informe, para que en el momento en el que [los inmigrantes] se estaban acercando nadando ya a aguas españolas se parase de lanzar las trazas para que supiesen dónde estaban las aguas nacionales y las marroquíes. Se da orden”, ha ejemplificado, “casi a 25 metros de que no se siguieran lanzando pelotas de goma no a ellos, en ningún caso, sino en la línea de agua, para no herir a nadie. Todo lo contrario de lo que se pretende decir”.

 

Novedades ha aportado también el director general en relación con la devolución, que no fue “en caliente” sino “rechazo”, según su exposición, de los inmigrantes que originalmente nunca habían estado en España y los medios han demostrado que sí. Fernández de Mesa ha dicho que tal procedimiento no es nuevo ni extraño. Sin embargo, se desconoce qué diferencia la situación del otro día de la que, a finales de septiembre, dejó casi un centenar de inmigrantes en el CETI.

La AUGC lleva meses o años reclamando protocolos que eliminen las dudas sobre qué es lo legal y lo correcto en los casos de interceptación de indocumentados nada más llegar a suelo nacional.

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