La recepcionista, que se encargaba de hacer la hoja de caja diariamente, señalada por los socios del negocio al que habría robado como mínimo 292.000 euros. Según lo expuesto en la primera sesión del juicio, celebrada este martes, la trabajadora habría enviado una serie de facturas pagadas a una carpeta desconocida para el resto de la oficina, apropiándose del dinero en efectivo
Se empezó a descubrir el pastel de una gran estafa cuando el hombre que se encargaba de realizar los ingresos en cuenta de una notaría de Ceuta echó en falta una factura ya pagada a su empresa por la Sociedad Al Andalus, que realiza servicios inmobiliarios y por la que habían abonado el IPSI. A partir de ahí, una investigación interna y las pesquisas posteriores de auditores de aseguradora acabaron por dar con un desfalco de como mínimo 292.000 euros. Este martes la recepcionista de la firma -cuyo nombre se corresponde con las iniciales B.G.- se sentó en el banquillo de acusados como supuesta responsable de los hechos. Fiscalía pide para ella tres años de cárcel más una indemnización, dado que el seguro no ha abonado tampoco el total de las pérdidas a la notaría.
En esta primera sesión del juicio, que se alargará mañana miércoles y el jueves en la Audiencia Provincial, se trataron primero las cuestiones previas, destacando únicamente entre ellas que se acepte el análisis de nueva documentación por parte del perito, lo que quizá podría incrementar la cuantía estafada.
Seguidamente se interrogó a los tres testigos que son parte también en la causa, los tres notarios de la firma que se han personado por entender que B.G. sustrajo dinero que les pertenecía. Estos son José Eduardo García, Antonio Fernández e Ignacio Moreno. Todos coincidieron casi completamente en sus versiones, más allá de pequeños detalles y explicaron con precisión la mecánica de trabajo y cómo, a su juicio, y según apuntan las pruebas presentadas, su trabajadora se habría quedado con casi 300.000 euros.
La mujer trabajaba en una especie de mostrador situado en el medio de la oficina. Allí, bajo su mesa, tenía una pequeña caja de seguridad en la que se guardaba el dinero en efectivo. Los tres estuvieron de acuerdo en que en esa época -entre enero de 2006 y enero de 2012- se realizaban numerosos pagos en efectivo por parte de clientes. Por ello se insistió "en numerosas ocasiones" en que nunca se dejaran "más de 600 euros en la caja".
Ella recibía no solo el metálico, sino también los cheques con los que abonaban los servicios muchos pagadores, "especialmente las aseguradoras". También era la encargada de anotar si alguno de los notarios detraía alguna cantidad de la caja para gastos de empresa como taxis o cuestiones personales, como la adquisición de libros.
Teniendo en cuenta los cambios que había dado para los pagos en efectivo, los abonos en dinero físico que había recibido durante el día y el dinero extraído de la caja por otras causas, además de todos los pagos de facturas recibidos por otros métodos, esta debía elaborar la denominada "hoja de caja". Una especie de balance diario en el que se adjuntaban tiquets y facturas, que se entregaba al contable de la empresa, Jaime Lloret, junto al excedente diario en billetes para que este lo llevara a ingresar en la cuenta principal del negocio. Asimismo, B.G. también archivaba en el sistema informático las facturas, tanto pagadas, como pendientes.
Los notarios -que trabajaron en ese despacho en distintas etapas, coincidiendo entre ellos más o menos tiempo- dijeron estar contentos con el trabajo de la acusada y mantener con ella una relación de confianza. Las cuentas siempre cuadraban, más allá de pequeños desvíos y, según puntualizó incluso alguno de ellos, nunca se hubieran esperado "ninguna irregularidad por parte de la plantilla y menos de naturaleza económica".
La factura restante y el sistema de especiales
Ese pensamiento lo mantuvieron hasta el día que Lloret, en enero de 2012, echó a faltar una factura ya abonada por parte de la Sociedad Al Andalus. "Eran tres, tenían numeraciones consecutivas, se había pagado el IPSI por las tres, pero faltaba la del medio". También encontraron que en la copia física se había manipulado la cuantía, según se "observaba al trasluz".
Ahí fue cuando los notarios -que no manejaban frecuentemente el sistema informático- se encontraron con que había en él una carpeta que no habían manejado hasta el momento, la de facturas especiales. Allí estaba la de la gestora de servicios inmobiliarios Al Andalus, junto a un buen puñado de ellas, que dedicaron un mes a investigar por las tardes.
El hecho de que esos recibos se hubieran enviado a la mencionada carpeta del programa hacía que el IPSI que llevaban aparejado apareciera en las cuentas de la notaría y que esta siempre lo abonara. Eso sí, los ingresos no llegaban a su cuenta.
De esta forma y por dos mecanismos, la mujer habría sustraído los 292.000 euros. "Uno era más sencillo, consistente en coger una cantidad de alguna de las transacciones -una escritura o una hipoteca, entre otras-, poner esa factura en especiales y quedarse con el dinero, en cuantías que oscilaban entre los 700 y los 1.000 euros". El otro sistema, "más complejo" según los notarios, consistía en aprovechar "cuando las gestorías pagaban con cheques o talones". "Ella asignaba a facturas cobradas en metálico los cheques. Las facturas las hacía constar en especiales".
Durante las comprobaciones, según coincidieron los testigos, se llamó a personas u empresas preguntando por supuestos pagos pendientes, confirmando estas que se habían realizado.
La defensa, entre errores procedimentales y otro culpable
La defensa de B.G. comenzaba la jornada este martes con el hándicap de que el Juzgado de lo Social ya había determinado como procedente el despido de la mujer, que, según detallaron los notarios, "dio la callada por respuesta" y "no hizo ademán de defenderse" cuando se le entregó la carta de cese en 2012. Luego reclamó por vía laboral, desestimándose su reclamación en todas las instancias.
Buscaron de momento los tres letrados que la representan errores procedimentales, ya sean humanos o del programa en el sistema de archivado de facturas. También trataron de meter en la ecuación -sin que los magistrados de la Audiencia lo permitieran- las facturas de los otros notarios que se desempeñaron en la empresa en el periodo en el que su cliente fue secretaria. Al no presentarse estos como acusación, esos documentos quedaron fuera y entienden los jueces que no se solicitó esa posibilidad en tiempo y forma.
Otro punto de ataque fue la accesibilidad a la caja donde guardaba el dinero su defendida y el hecho de que algunos empleados, especialmente el que se encargaba de manejar las cuentas bancarias, acudiera por las tardes a la oficina cuando no había, generalmente, nadie más.
