La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Ceuta han abierto diligencias de investigación para esclarecer en qué condiciones ha empezado este viernes el Ministerio del Interior a repatriar a Marruecos a grupos de niños llegados a Ceuta en mayo, según ha adelantado el diario ABC citando "fuentes de toda solvencia" del Ministerio Público, que "desconoce" el plan de repatriación impulsado por Interior.

La Fiscalía ha pedido a la Delegación del Gobierno "que informe de cómo se está haciendo, si de manera individualizada -que es lo que impone la ley- o de forma global, que no seria muy acertado".

Las mismas fuentes citadas por la periodista Isabel Vega inciden en que esta decisión se ha adoptado "sin contar en absoluto con la Fiscalía".

Según la información "se descarta así adoptar de oficio la decisión de solicitar a un juzgado que suspenda cautelarmente las repatriaciones, aunque se da por sentado que cuando las ONG den este paso, lo cual es cuestión de horas, la Fiscalía ceutí tendrá que pronunciarse".

La clave está en que Interior o Delegación del Gobierno "proporcionen información sobre 'quiénes son los menores afectados, cómo han sido elegidos, con qué protección de los casos especialmente vulnerables, a dónde van y con quién, es decir, si las autoridades 'certifican que en todos los casos los padres están dispuestos a recoger a sus hijos".

El Reglamento de Extranjería establece que las repatriaciones se tienen que ejecutar a petición de la administración que tutela al menor, que en este caso Protección a la Infancia de Ceuta (orillada también en el operativo); y debe ser acordada en una resolución individualizada por la delegación del Gobierno que a su vez, debe ser notificada al menor, que tiene que ser escuchado.

De hecho, según el procedimiento legal, si se niega a ser repatriado puede recurrir y se le debe asignar un defensor judicial para ello. Nada de esto habría concurrido en este caso, de acuerdo a las fuentes en distintas organizaciones no gubernamentales consultadas por ABC.