La Fiscalía de Ceuta ha decidido archivar las diligencias que investigación que incoó a finales de mayo por un presunto delito de prevaricación en la devolución inmediata de al menos un menor migrante solo durante la crisis fronteriza que propició la entrada irregular en la ciudad autónoma de miles de marroquíes. El Ministerio Público ha concluido que, una vez pasado seis meses, no existen pruebas empíricas de que la persona expulsada tuviese menos de 16 años ni “indicios en grado de probabilidad suficiente” para “dirigir el procedimiento contra persona determinada”, ya que los dos militares que ejecutaron el acto no han sido identificados.

En su escrito, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Ceutaldia.com, la Fiscalía concluye que “no ha quedado acreditada la minoría de edad del extranjero inmigrante y no ha podido determinarse la identidad de los militares que interceptaron al inmigrante ilegal en la playa del Tarajal”.

Tampoco ha logrado recopilar “órdenes, instrucciones y notas de servicio emitidas en relación a la devolución de personas extranjeras y al modo de actuación en el perímetro fronterizo durante los días 17 y 18 de mayo por parte de los mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Comandancia General y la Delegación del Gobierno, inexistencia que se explica por la gravedad y urgencia de la situación de crisis vivida durante aquellos días y el carácter insólito y sorpresivo de la misma”.

El “hecho central” de la denuncia presentada por la asociación Coordinadora de Barrios era “un presupuesto que no se ha podido acreditar pericialmente como es la pretendida minoría de edad del inmigrante” devuelto, ya que “en ningún momento durante toda la secuencia completa del vídeo manifestó serlo ni aportó o exhibió ningún documento de carácter oficial” y era “imposible” realizarle pruebas oseométricas.

“Debemos colegir que dicha persona era mayor de edad y que así fue apreciado por el personal de las Fuerzas Armadas que realizó su rechazo sumario al país fronterizo desde el que había accedido, posibilidad contemplada legalmente en nuestra normativa en materia de Extranjería”, entiende el Ministerio Público, que pidió a Reuters el vídeo completo sin editar de la grabación realizada, así como las grabaciones de las cámaras de seguridad fronterizas.

Además, reclamó a la Comandancia General militar de Ceuta que identificase a los soldados destinados en ese momento en la playa del Tarajal detallando quién había asumido el mando del operativo, con qué instrucciones y de qué fuente partían estas. El primer objetivo ha sido infructuoso porque “durante los días 17 y 18 de mayo se movilizaron en la zona 2.700 efectivos de las Fuerzas Armadas que portaban en todo momento la protección individual propia de dicho colectivo y mascarillas sanitarias”.

En cuanto a las órdenes dictadas, los militares han dicho que acudieron a la playa del Tarajal “previa solicitud de la Delegación del Gobierno” y “con la misión de proporcionar apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas”. La Policía Nacional, “sin descender en grandes detalles”, que tenía el propósito de “mantener la seguridad y el orden público en toda la ciudad”, según refiere el escrito adelantado por la Cadena SER.

La Delegación se “despachó”, con “gran celeridad y en un escueto, conciso y breve comunicado”, señalando que “no se emitió ninguna orden, instrucción o nota de servicio en relación a la devolución sumaria de los inmigrantes”. La Guardia Civil se ha referido a una Orden de Servicio “confidencial por sus implicaciones relativas a la seguridad nacional” que priorizaba “salvaguardar la vida e integridad del elevado número de inmigrantes” e “impermeabilizar” la frontera.