La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta ha decretado la apertura de juicio oral (con depósito de 300 euros de fianza) por el presunto delito de prevaricación que le imputa la acusación particular contra el ex consejero de Gobernación del Ejecutivo local Jacob Hachuel, para quien se pide una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante once años.

La instructora de la causa ejecuta de esta forma el auto de la Audiencia Provincial de octubre de 2019 en el que consideró que la no inhabilitación de dos policías locales de la UIR condenados por el Tribunal Supremo por un caso de lesiones con agravante de abuso de superioridad sobre un sexagenario en 2005 no puede ser archivado sin saber si el investigado obró arrastrado por "un despropósito continuado por dejadez", por "la ignorancia en aspectos administrativos esenciales de la Ciudad" o por "la voluntad deliberada de salvaguardar" a los agentes.

Para la Fiscalía, sin embargo, el tema no tiene fondo. Según su calificación Hachuel fue denunciado por haber dictado, siendo consejero de Presidencia y Gobernación “a sabiendas de su injusticia”, un Decreto el 5 de enero de 2016 en el que ordenó el “sobreseimiento” de un expediente disciplinario incoado, pero “en la instrucción de la causa no ha quedado acreditado que el acusado realizara tal tipo delictivo”.

“Los hechos relatados no integran ningún delito y de los mismos no es responsable ninguna persona”, considera el Ministerio Público, que hace un año ya advirtió que desde su punto de vista “no se atisba que el investigado tuviera la conciencia de la arbitrariedad o injusticia de la resolución y que de forma consciente y deliberada se apartara de las ordenaciones legales y normativas que rigen las decisiones o actividades administrativas, sino que su resolución, si bien fue ineficaz, no obedeció a que de forma clara y patente, tal y como exige nuestra jurisprudencia, quisiera eludir sancionar a los policías locales”.

El tema llegará a vista oral para determinar si el ex consejero "fue realmente consciente" de lo que hacía o "utilizado por terceros que se han valido de él como un instrumento". La Audiencia apreció que al dar carpetazo al expediente abierto a los policías (en vez de imponer la sanción de separación del servicio o la suspensión de funciones entre tres y seis años) se adoptó “una resolución administrativa netamente errónea”.

Según subrayó, “no es que se adoptase un acuerdo más o menos acertado en el procedimiento disciplinario incoado, sino que nunca se llegó a analizar siquiera lo que podía ser objeto de infracción, cerrando el paso, además, a cualquier posible sanción tanto por el investigado como por cualquier otro órgano”.

Igualmente puso de relieve que Hachuel “no sólo no ofreció una explicación lógica a su actuación, sino que ni siquiera ha mantenido la misma postura todas las veces que ha declarado”. De hecho, primero argumentó ante la Fiscalía que “no tenía conocimientos jurídicos” ni había leído lo que firmaba; después, ya como investigado, que “había tenido dudas sobre la pena de inhabilitación”; y finalmente, que la competencia correspondía al Área de Recursos Humanos.