La Fiscalía ha rebajado de tres a dos años de cárcel su petición de condena para la maestra del Colegio San Agustín, A.G.R., que ha sido enjuiciada por el trato que dispensó durante el año académico 2014-2015 a varios alumnos de Infantil de ese centro concertado. El Ministerio Público ha terminado retirando el supuesto delito de maltrato al no considerarlo suficientemente acreditado por no recordarlo un testigo, por el que empezó solicitando doce meses de cárcel, y mantiene el otro, contra la integridad moral.

En el artículo 173 del Código Penal se establece que "el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral", será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años", como quienes, "en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima".

En base a ello reclama dos años de prisión para la docente, así como que se le prohíba “aproximarse y comunicarse” con varios de sus antiguos alumnos (ahora da clase en Primaria en el mismo colegio) durante tres años y que se imponga “durante el tiempo de la condena” la “suspensión del ejercicio docente” en “cualquier centro público o privado”.

Igualmente ha reducido a mil euros la responsabilidad civil que la acusada y una compañía de seguros, solidariamente, o el centro, subsidiariamente, deberían abonar por los hechos juzgados, según fuentes judiciales.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha cerrado la vista, a puerta cerrada, tras escuchar las declaraciones de más de una decena de testigos. Este jueves, la acusada solo asumió en la sala haber metido una vez a un niño en un cubo de basura, durante poco tiempo y debido al caos generado en ese momento en la clase, pero no haber insultado o dispensado malos tratos físicos o psíquicos a los pequeños.

Una de las acusaciones particulares pedía dos años de cárcel por un delito de trato degradante y otro leve de lesiones con agravantes de alevosía y abuso de autoridad, así como inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante el mismo tiempo. Otra, idéntica pena por un supuesto delito degradante con agravante de abuso de superioridad.

El auto de apertura de juicio oral declaró “responsabilidad civil directa y solidaria y de la acusada y del Colegio San Agustín” y subsidiaria de la entidad aseguradora, así como el depósito de una fianza de 50.000 euros para “asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponerse”.

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