La frontera del Tarajal ha permanecido cerrada este lunes entre las 17.00 y las 20.00 horas aproximadamente debido a la acumulación de cientos de personas que pretendían atravesar el paso con mercancías cuya entrada en territorio marroquí no aceptan las autoridades del Reino alauita y a los controles “exhaustivos” que sus aduaneros estaban realizando sobre los vehículos procedentes de la ciudad autónoma.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han explicado que la situación ha obligado a enviar unidades de apoyo para reforzar las dotaciones ordinarias de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera, donde la situación se ha empezado a dar por “controlada” pasadas las 20.00 horas.

España y Marruecos acordaron a principios de octubre cerrar el paso fronterizo peatonal del 'Tarajal II', abierto exclusivamente para el tránsito de porteadores con mercancías dentro del denominado 'comercio atípico'. Tras varios anuncios de reapertura fallidos, su restablecimiento no tiene fecha fija, por lo que los marroquíes dedicados a esa actividad han vuelto a intentar llegar a su país con los productos que adquieren o recogen en Ceuta forzando el paso en avalanchas por la frontera ordinaria.

El cierre de la frontera ha dejado atrapados en la explanada de embolsamiento de vehículos de Loma Colmenar que sirve para regular su llegada al Tarajal sin colapsar la N-352 a más de 500 automóviles de ciudadanos marroquíes, residentes en Ceuta y conductores en tránsito procedentes de la península.

La puesta en marcha de ese equipamiento hace algo más de un año ha permitido acabar con los atascos que casi a diario hacían imposible hasta entonces llegar con normalidad al Hospital Universitario, el Príncipe y otras barriadas de la periferia.

La negativa del Gobierno central en funciones a prorrogar el convenio con la Ciudad Autónoma con el que sufragaba su coste (1,2 millones de euros al año), por lo que los trabajadores adscritos han convocado huelga para este viernes y el Gobierno autonómico que preside Juan Vivas ha anunciado que solo garantiza su operatividad hasta abril si el Estado no garantiza su abono más allá de la “firme voluntad” de hacerlo que ha transmitido la delegada por escrito.