El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas ha adjudicado por 15.598,96 euros (14.999 más IPSI) al jurista burgalés Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo, la “asesoría, defensa jurídica y representación de la Ciudad Autónoma ante el Tribunal Supremo” para presentar un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declaró ilegal y ordenó anular la base de ejecución de los Presupuestos de la Administración local que ha venido permitiendo a los funcionarios en servicios especiales para desempeñar altos cargos del Ejecutivo regional el cobro junto a su sueldo del plus de residencia.

Así consta en el Decreto firmado la semana pasada por la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, y la secretaria general de la Asamblea.

Las arcas municipales se harán cargo del coste de la acción judicial en base a un acuerdo de hace casi 30 años en virtud del cual se aprobó que el Ayuntamiento asumiría la defensa jurídica de los miembros de la Corporación con responsabilidad de gobierno “en los procedimientos dimanantes de acciones administrativas y judiciales en los que se vean involucrados como consecuencia del ejercicio de su cargo, excepto en los casos en que pudiera deducirse del correspondiente expediente o de las actuaciones practicadas la existencia de dolo, culpa o negligencia graves”.

Fernández Rodríguez es doctor y titular de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense. Durante el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo formó parte de la Comisión de Expertos sobre Autonomías que se estableció en el año 1981. También es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.