La Guardia Civil registra oficinas del Gobierno melillense por la adjudicación de contratos menores


La Guardia Civil registra oficinas del Gobierno melillense por la adjudicación de contratos menores

- Se trata de la denominada 'Operación Ópera', supervisada por el Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad autónoma, informan diferentes medios

- Desde poco antes de las 10.00 horas agentes del instituto armado han entrado en el Palacio de la Asamblea, donde están realizando registros en varias dependencias para recoger documentos

- El Gobierno de Ceuta reconoció a finales del año pasado no revisaba “la mayoría” de los contratos menores de la Ciudad, aquellos que no superan los 3.000 euros en términos generales y los 6.000 si su naturaleza es de obra

La Guardia Civil tiene previsto pasarse este jueves registrando diferentes dependencias del Gobierno de Melilla, donde está recopilando desde primera hora de la mañana "documentos relacionados con la adjudicación de contratos menores", según las informaciones de las que se están haciendo eco diferentes medios nacionales.

Se trata de la denominada 'Operación Ópera', supervisada por el Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad autónoma.

Desde poco antes de las 10.00 horas agentes del instituto armado han entrado en el Palacio de la Asamblea, donde están realizando registros en varias dependencias para recoger documentos, que también se están llevando a cabo en otras sedes autonómicas, según las fuentes.

Hasta última hora de la mañana no se habían producido detenciones y los agentes únicamente han estado centrados en la búsqueda de documentación.

El vicepresidente primero del Ejecutivo melillense, Miguel Marín, ha aplazado para este viernes una rueda de prensa que tenía previsto ofrecer este jueves a las 11.30 horas.

El asunto de los controles menores no ha dejado de ser denunciado por la oposición en Ceuta. El pasado mes de mayo, el Gobierno de Vivas anunció que a partir de entonces revisaría, por ejemplo, "todos los contratos administrativos que el conjunto de la Administración local concierte con personas físicas para la externalización de la prestación de diferentes servicios deberán pasar por sus manos antes de ser aprobados, ya sea para su formalización inicial o para autorizar una prórroga".

La Consejería de Hacienda reconoció a finales del año pasado que Intervención no revisaba “la mayoría” de los contratos menores de la Ciudad, aquellos que no superan los 3.000 euros en términos generales y los 6.000 si su naturaleza es de obra, aunque avisó de que “no se trata de una obligación legal”. “No se está incurriendo en ilegalidad alguna porque, inexcusablemente, se realiza una fiscalización previa al pago”, apuntó el Ejecutivo local a la coalición Caballas cuando le interpeló por el asunto. 

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