Caso Guerrero

Guerrero reconoce que su entorno mandó a un trabajador de menores a denunciar un complot contra él

Javier Guerrero durante su intervención en el juicio.
photo_camera Javier Guerrero durante su intervención en el juicio.

El ex consejero afirmó en una vista contra él por calumnias que "alguien" de su grupo político pidió a un empleado del SAMU que fuera a poner la denuncia en la Policía Nacional acusando a los directores de la Esperanza de coaccionar a los jóvenes el mismo día que supo que en prensa saldría nueva información contraria a sus intereses, salpicándole en supuestos abusos sexuales a menores inmigrantes. Uno de los testigos también señaló la existencia de varias reuniones entre el médico, Toñi Palomo y otras personas en las que se le advirtió sobre su conducta con los migrantes.

 

Javier Guerrero se sentó este viernes por primera vez en el banquillo de los acusados. Lo hizo en la sala de lo penal del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta por un delito de calumnias contra los directores del centro de menores de la esperanza, "la de arriba y la de abajo". Es decir, la que depende de la Ciudad y la que está vinculada a la Fundación SAMU. Se le acusaba de verter falsedades asegurando que los dos responsables de los espacios de tutela habían coaccionado a los jóvenes para que dijeran que el médico abusó de ellos sexualmente, en la investigación contra el que aún está en fase de instrucción y pendiente de juicio. Más allá del delito central de esta vista, por el que se le piden dos años de prisión y una indemnización de 25.000 euros, resultó interesante el hecho de que Guererro reconociera que él y su entorno fueron quienes mandaron a un trabajador del SAMU a poner la denuncia contra ambos directores tras conocer que al día siguiente saldría en prensa una información contraria a sus intereses en la cuestión de abusos a los migrantes.

Y es que, según contó Guerrero durante su intervención ante la jueza, sus asesores políticos y él se encontraban de comida, reunidos en un hotel de la localidad, cuando supieron que se publicaría algo contrario a sus intereses en los medios de comunicación en las próximas horas. Entonces, J.L.M.. un trabajador del SAMU, que según el ex consejero llevaba tiempo con una denuncia preparada contra los dos gestores de la Esperanza, Rafael Gallardo (vinculado a la fundación privada) y Julio Rodríguez, habría recibido el mandato de presentarla en la Policía Nacional. Acudiendo acto seguido el ahora acusado a comparecer ante los medios, defendiendo que a los menores se les habían prometido prebendas a cambio de decir que había abusado sexualmente de ellos, con la única intención de sabotear su intento de llegar a la presidencia de la Ciudad con un partido propio.

Así comenzó la vista, con la revisión del vídeo de los medios de comunicación, en el que el médico dice precisamente haber tenido constancia de que se va a producir "un nuevo ataque" contra él, nuevas "mentiras", en lo que considera "un abuso y derribo". En esa grabación intenta evitar mencionar a las personas que están perpetrando esa hipotética conspiración, pero acaba por mencionar a los responsables de "La Esperanza de arriba y la de abajo". También se encara con un periodista por sus publicaciones y desliza que hubo promesas de "llevar a los menores migrantes a la Península y ascensos para los trabajadores, a cambio de señalarle por supuestos abusos".

En esas mismas declaraciones vincula la campaña en su contra a que la gente "le quiere", que "las encuestas le daban bien" y que no gustaba que se presentara con su propio partido.

A continuación, vista la grabación, pasó a declarar Guerrero, que se dibujó como una suerte de mesías para los jóvenes ante la negligente gestión que, entiende, se daba en los centros de realojamiento. Planteó que se dejaba sin atender a chavales que sufrían de diabetes, o que si no es por él no se hubiera resuelto el problema de otro adolescente con un tumor en la rodilla. También que no se les alimentaba adecuadamente y que gracias a su acción pudieron comer.

Llegando al fondo del caso de calumnias, el ex consejero subrayó que en la anteriormente citada rueda de prensa -de la que deriva la acusación por parte de Gallardo- únicamente buscaba "informar de lo que había". Es decir, de la existencia de la denuncia en un caso que quedó sobreseído y en el que él, a título individual, nunca se personó. Por contra, reconoció haber abonado el coste de 1.500 euros que generó que J.L.M. sí acudiera como acusación particular: "No eramos amigos, solo necesitaba el dinero y se lo dí", argumentó Guerrero, muy centrado en defender el complot contra el que habría costado "la salud mental" a su familia.

Según su relato, él "no imputó ningún hecho" en su rueda de prensa, es decir, no acusó de coacciones, malos tratos y otra serie de delitos a nadie. Eso a pesar de que dijo tenerlo "contrastado" -se entiende, el complot denunciado-, merced a los testimonios de trabajadores y jóvenes que le habían sostenido la existencia de esos chantajes para incriminarle.

Preguntado por cómo se originó aquella comparecencia ante los medios de la que deriva la acusación a la que se enfrentaba este viernes, no tuvo problema en reconocer que fue su equipo del partido, conocedor desde hacía tiempo de que se fraguaba la denuncia contra los directores de La Esperanza quien le dijo que ese era el día para presentarla: "Alguien de mi grupo le comunica a J.L.M. 'vete a denunciar'. Estábamos preparando las elecciones para 2023. Estábamos reunidos cuando nos avisaron de que, nuevamente, uno de los periódicos de Ceuta iba a volver al ataque y se habló. '¿Por qué no se denuncia ya lo que se sabe?. Es el momento de denunciar para evitar males mayores, que fueran contra mí y contra mi familia'", afirmó Guerrero ante la jueza.

Tras las preguntas del abogado del fiscal y del abogado de la acusación, se revelaría parcialmente la estrategia de la letrada de la defensa al iniciar su interrogatorio. Quedó claro su idea era plantear que no se había pronunciado el nombre de persona alguna y que, en todo caso, quien era máximo responsable del SAMU, Javier Olier, sería realmente el receptor de las acusaciones de Guerrero en aquella comparecencia a las puertas de las dependencias de la Policía Nacional.

Amenazas de muerte y presión ambiental

Terminado el turno de preguntas al doctor, comenzó la comparecencia del denunciante, Rafael Gallardo, que expuso como las palabras del acusado supusieron para él un importante problema a nivel social, dado que algunos amigos y familiares "le "dejaron de hablar", entendiéndole responsable de las coacciones a menores expuestas por el acusado en este juicio.

Una presión ambiental importante -que le llevó incluso "al Hospital" con "la tensión disparada"- que se había iniciado antes, cuando J.LM. al que conocía por trabajar en Pinniers, siempre según su versión, le citó en un cafetín de una barriada para amedrentarle, diciéndole supuestamente que, o dejaba en paz la investigación que habían abierto sobre Guerrero o "por quinientos euros en Ceuta había quien le pegara un tiro".

Gallardo llevaba tiempo observando "comportamientos inadecuados" por parte del médico con los menores y por ello se inició una ronda de comparencias de menores. En estas participó también el otro afectado, que en esta ocasión acudió como testigo aunque en un tiempo será acusación, al haber presentado también denuncia. El director de La Esperanza vinculado a la Ciudad, Julio Rodríguez.

Este vino a confirmar la versión de Gallardo, agregando que en su caso estaba más protegido ante el qué dirán, siendo funcionario. No tan así Gallardo, que se desempeñaba para una empresa privada que a pesar de todo no tomó represalias ante las acusaciones de Guerrero.

Añadió Rodríguez un dato importante, indicando que ya había habido reuniones con la directora del Área de Menores, Toñi Palomo, en las que se había llamado la atención al ex-consejero por su conducta con los chavales. También coincidió en señalar a Javier Olier y a J.L,M. -también testigos en el caso- como amigos de el doctor, a pesar de que este y los otros lo negasen en sus intervenciones. Más allá fue incluso con la otra testigo, la empleada de menores Y.M., deslizando una relación a mayores con el acusado de calumnias: "Si quiere se lo cuento", espetó.

El testigo olvidadizo que puso la denuncia y supuestamente amenazo al denunciante

J.LM. no faltó a su cita como testigo, mostrándose olvidadizo y contradiciéndose en muchas cuestiones con el propio Guerrero, como por ejemplo, en la cuestión del dinero que tuvieron que aportar como fianza para que pudiera presentarse como acusación particular en la denuncia del complot, que quedó sobreseída provisionalmente.

Dijo que los menores se acercaron a él para contarle que Gallardo y Rodríguez estaban coaccionándoles para que testificaran contra Guerrero en comparecencias privadas a cambio de ofrecerles un billete a la Península. Misma línea que seguiría luego Y.M. Aseguró J.L.M. haber constatado esos hechos, sosteniendo la teoría de la conspiración, eso sí, sufriendo importantes lagunas en su recuerdo a pesar de que la cuestión se produjo hace apenas dos años.

Dos años de cárcel frente a la absolución

Como es clásico en estas vistas, la acusación y el fiscal plantearon como completamente probado el delito de calumnias e incluso uno de injurias graves en el caso del letrado. El motivo, que consideran que, además de darse el factor de publicidad y de imputación de un delito que requiere ese tipo penal, Guerrero habría obrado de mala fe sabiendo que lo que exponía faltaba a la verdad.

El representante de Gallardo fue aún más lejos y argumentó que todo había sido una estrategia de defensa sobre una información periodística contraria a sus intereses en el caso de abusos sexuales contra Guerrero que aún está en fase de instrucción. Por ahí se agarró la abogada del médico, que entiende que si esa fue la intención, no se da la premisa obligatoria para acusar de calumnias, que es que el principal ánimo sea "atentar contra el honor del querellante".

Alegaría seguidamente prescripción por la fecha en la que se fijó la sesión de conciliación y otra serie de cuestiones que ahora, como las expuestas por el fiscal y por el abogado de Guerrero, deberá valorar la magistrada antes de dictar sentencia.

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