La titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha añadido un cuarto delito, el de inducción a la prostitución de menores, en el auto de cierre de las diligencias que desde mediados de noviembre del año pasado ha seguido con un ex profesor del Colegio Concertado San Agustín, A.D.S., como investigado por la presunta comisión de los de tenencia de pornografía infantil, corrupción de menores y abuso y agresión sexual a jóvenes con menos de 16 años.

Esos cuatro ilícitos están tipificados en los artículos 183, 183 bis, 188 y 189 del Código Penal con condenas de cárcel de dos a seis años (abuso y agresión sexual a menores de 16), de seis meses a dos años (corrupción de menores), de cuatro a ocho años (inducción a la prostitución) y de al menos entre uno y cinco años (por la tenencia de pornografía infantil).

El ex docente fue detenido y posteriormente puesto en libertad previo registro de su domicilio tras la denuncia formulada ante la Guardia Civil por la familia de un alumno. En enero fue apartado de su puesto de trabajo tras dictarse una orden de alejamiento por parte de la instructora, que ahora ha dado diez días a la Fiscalía y a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral con calificación de los hechos; el archivo del caso o, “excepcionalmente”, la práctica de nuevas diligencias.

Fuentes conocedoras de las investigaciones han explicado que para la jueza de lo actuado resulta “indiciariamente” que el investigado contactó con algunos de sus alumnos cuando estos eran menores de edad y por distintos canales (presencialmente, on-line o por teléfono) incurriendo en conductas como “pedir y obtener” fotos de los mismos “desnudos” y a veces en poses eróticas que fue acumulando con el paso del tiempo “para su utilización personal”.

Supuestamente también promovió “activamente” el “desarrollo precoz y tendencial de la vida sexual de los menores” hasta con “indicaciones” que fueron “notoriamente” más allá de lo que hubiese sido admisible en “su condición de profesor”.

Se considera que pudo realizar “actos concretos de abuso sexual con menores” siendo el eventual consentimiento de los mismos “irrelevante jurídicamente” y que incluso reclamó y logró “actos sexuales reales y/o virtuales mediante contraprestación, bien en metálico, bien en especie (regalos costosos de diversa índole), como refleja la amplia y completa actividad instructora” desplegada por la Guardia Civil y el referido órgano judicial.

El auto de procedimiento abreviado estima que el Colegio San Agustín se presenta como “indiciariamente responsable civil ‘ex delicto”, esto es, para “la restitución, la reparación y la indemnización de los daños y perjuicios físicos, morales y materiales”.

A tal narración de hechos “presuntamente acontecidos” llega la juez tras el análisis de pruebas como las “fotografías de las víctimas halladas en sus dispositivos electrónicos incautados en el registro domiciliario, conversaciones a través de WhatsApp con las víctimas halladas en su teléfono móvil, declaraciones efectuadas y otras diligencias”.

La magistrada refiere en su auto sobre las testificales de algunas supuestas víctimas que “presentan graves problemas de credibilidad por cuanto el investigado ha actuado respecto de las mismas en actitud de seducción, prevaliéndose de la superioridad dimanante de su condición de docente”.

La instrucción “progresivamente” ha ido para la jueza “mostrando la verdad material de los hechos investigados” e incluso ha llevado “a ampliar la imputación a un cuarto delito conexo de inducción a la prostitución de menores de edad”. El imputado ha sido “informado” de esta novedad tras las últimas declaraciones practicadas en noviembre pero el ex docente siempre se ha negado a declarar “en ejercicio de su derecho constitucional fundamental a no confesarse culpable”.