Los 14 funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que la noche del 8 de agosto fueron atropellados en la frontera por cerca de 200 migrantes subsaharianos a la carrera “se vieron sorprendidos inesperadamente por un grupo agresivo y violento que arrasó las barreras físicas del puesto fronterizo, no pudiendo activarse otras medidas de reacción para impedir la entrada ilegal y restablecer el orden público”.

Esa es la versión oficial completa de lo sucedido que el Gobierno central ha trasladado al senador vasco Jon Iñarritu, que interpeló al respecto a través de una pregunta por escrito. En su contestación al parlamentario, el Ejecutivo explica que a las 5.30 horas estaban en la frontera, por parte de la Policía Nacional, un oficial y ocho agentes con labores de control documental, “dotación suficiente para el tránsito a esas horas”, y cinco guardias civiles de la Compañía Fiscal de la Comandancia local.

“Coincidiendo temporalmente con el mencionado incidente”, el resto de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban “desarrollando otro despliegue para evitar un asalto masivo al vallado en otro lugar del perímetro fronterizo”.

La versión gubernamental no carga las tintas sobre la falta de coordinación con Marruecos, pero la deja entrever:  “Con carácter general los asaltos masivos e intentos de vulneración de la frontera se suceden de manera inopinada, si bien la obtención de información veraz y constatada debe hacerse sobre el terreno y es frecuente”, señala, “que las fuerzas marroquíes comuniquen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas toda la información que van obteniendo en relación con los intentos de asalto al perímetro fronterizo”.

Ese día no hubo comunicación o al menos no completa pues “fueron los propios policías nacionales quienes detectaron la inminente llegada a la carrera del numeroso grupo por el puente internacional y les dio únicamente tiempo a cerrar las puertas de acceso al puesto fronterizo”. A pesar de ello, “el numeroso grupo violentó los cierres, logrando el acceso ilegal y tumultuario a España”.

Según el Gobierno, cuando la situación de la frontera “se ve alterada por razones de orden público o seguridad”, entre otras medidas y en función de su gravedad se procede al cierre del puesto fronterizo por el tiempo mínimo imprescindible y se recaban los refuerzos policiales necesarios para asegurar el buen orden en coordinación con el resto de servicios públicos, las autoridades marroquíes y las fuerzas de seguridad”.  

Esa noche, “debido a la inmediatez y violencia con la que se produjo la entrada masiva esa madrugada, no fue posible por parte de los funcionarios que se encontraban prestando servicio otro tipo de actuación para frenar la avalancha”.

Además, el Ejecutivo explica que “se encuentra en trámite el procedimiento de averiguación de causa”, a instancia del policía herido, “para determinar las lesiones producidas en acto de servicio o con ocasión de hecho acaecido”.