Investigado un matrimonio por construir sin licencia en suelo protegido del Monte Hacho

 Fortaleza del Hacho / Archivo
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La Guardia Civil atribuye a los implicados delitos de usurpación de bienes públicos y contra la ordenación del territorio

El Equipo de Investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Guardia Civil en Ceuta ha investigado a dos personas, un matrimonio, como presuntas autoras de un delito de usurpación de bienes públicos y otro contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia.

La actuación se inició el pasado mes de noviembre tras un requerimiento de colaboración del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) de la Policía Local. Los agentes municipales, alertados por la colaboración ciudadana, detectaron en la zona del Monte Hacho una obra en ejecución en la que varias personas estaban levantando muros de bloque y estructuras metálicas en una zona forestal.

Tras una inspección conjunta sobre el terreno y las posteriores gestiones de investigación, el EPRONA solicitó informes a los servicios técnicos de la Ciudad Autónoma. El dictamen pericial determinó que la parcela afectada es propiedad del Ministerio de Defensa, actualmente cedida a la Ciudad, y está catalogada como suelo rústico de especial protección.

Según el informe técnico, las obras carecían de licencia o autorización y, además, no son legalizables debido a la clasificación urbanística del terreno. A la vista de estos hechos, los agentes procedieron a la lectura de derechos en calidad de investigadas a las dos personas responsables de la promoción y ejecución de la construcción.

La Comandancia mantiene activa la persecución de este tipo de delitos relacionados con el medio ambiente y el urbanismo. En este sentido, el Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta dictó en octubre de 2025 una sentencia condenatoria contra tres personas por hechos de la misma naturaleza cometidos en 2024, en una causa que también fue instruida por el EPRONA.

Las diligencias practicadas en esta nueva actuación han sido entregadas en el juzgado competente, que deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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