La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha llenado la agenda del próximo 29 de marzo con el procedimiento 258/2019. La magistrada ha citado a declarar como investigados por presuntos delitos de prevaricación y contra la Ordenación del Territorio al actual gerente de Amgevicesa, José Luis Fernández Medina; a su antecesor, Antonio Díaz; a la exconsejera de Sanidad, Adela Nieto; al antiguo titular de Gobernación, Jacob Hachuel; y, para sorpresa de propios y extraños, hasta al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, para intentar aclarar cómo entró en funcionamiento y operó un "establecimiento móvil de venta de comidas y bebidas" en la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar supuestamente sin licencias.

A mediados de agosto del año pasado, un ciudadano se presentó ante el Juzgado de Guardia para alertar de que, camino del Hospital, había visto el referido puesto "dentro del recinto propiedad de la Ciudad, área bajo supervisión y control de Amgevicesa". "En el momento en que se abrió la zona de embolsamiento estuve interesado en la concesión para construir un área de descanso dentro de la misma y deseché la idea una vez me enteré de la imposibilidad de hacerlo de acuerdo a la legalidad vigente a menos que se modificara la Ordenanza", explicó en su declaración.

Según su relato, aunque él se echó atrás, sintió "un agravio" al ver "que se instaló este establecimiento sin cumplir con la más básica de las normas y ante la mirada complaciente de los encargados de cumplir la Ley", por lo que instó a la Justicia a "dilucidar a qué intereses económicos o de otra índole responde que el funcionario encargado no haya hecho ningún esfuerzo por remediar la situación y haya bloqueado cualquier intento de investigar el caso o su legalidad".

Fuentes judiciales han explicado a Ceutaldia.com que la denuncia fue tramitada y, tras escuchar a Fernández Medina como testigo, archivada por el presunto delito de prevaricación que señalaba el interpelante, aunque como alertó de que el puesto de venta supuestamente operaba "sin licencias" y con un enganche eléctrico "ilegal" la Fiscalía recurrió al entender que el asunto merecía investigación por supuesto delito contra la Ordenación del Territorio.

La instructora aceptó la posición del Ministerio Público, a la que se adhirió ya personado como acusación particular el denunciante, y ha solicitado informes de todo tipo sobre el establecimiento: desde los emitidos por la Policía Local hasta las licencias de Sanidad. También si la Empresa de Alumbrado tenía o no enganche regularizado e inquiriendo a la Tesorería General de la Seguridad Social para aclarar si la plantilla estaba o no dada de alta.

Para dar tiempo, supuestamente, a que se gestionen todas esas diligencias, la jueza ha demorado hasta el 29 de marzo y por vía telemática, a causa de la pandemia, las citaciones como investigados a Fernández Medina, Díaz, Nieto, Hachuel y Vivas, aunque fuentes de la Ciudad han indicado que el presidente no ha tenido "nada que ver" con el procedimiento, en el que el denunciante no le menciona en su escrito inicial "ni ha firmado ninguna resolución relacionada", para principios de la próxima primavera.