El Juzgado de lo Social acoge la vista por la demanda de Fortes, que reclama "unos 60.000 euros"


El Juzgado de lo Social acoge la vista por la demanda de Fortes, que reclama "unos 60.000 euros"

- El ex comisario de la Fundación Crisol de Culturas pretende hacer valer ante la Justicia la cláusula tercera de su contrato de alta dirección para cobrar una indemnización

- Su defensa deja claro que el caso no tiene "nada que ver" con el de García Ponferrada porque el ex presidente de la Ciudad no es empleado público

El Juzgado de lo Social de Ceuta acoge este jueves la vista por la demanda formulada por el ex presidente de la Ciudad y ex comisario de la Fundación Crisol de Culturas Jesús Fortes, que reclama a la administración local "unos 60.000 euros" por el "desestimiento unilateral" del contrato que vinculaba a ambas partes hasta el 5 de febrero del año pasado.

El Gobierno de Juan Vivas decidió en diciembre de 2014 disolver la Fundación quince meses antes de que agotase la vida útil contemplada en sus Estatutos. Tras calibrar la posibilidad de que Fortes fuese reubicado como gerente de Acemsa, vía que no se materializó, el ex presidente se quedó en la calle y optó por intentar hacer valer ante la Justicia la cláusula tercera de su contrato de alta dirección, que según ha explicado su letrado conlleva el pago de una indemnización por importe de "unos 60.000 euros".

La defensa, que calcula que la sentencia podrá conocerse "en un plazo aproximado de un mes", ha dejado claro que el caso no tiene "nada que ver" con el del ex gerente del ICD Juan Antonio García Ponferrada, al que se le abonaron unos 20.000 euros en concepto de finiquito tras salir del organismo autónomo, cantidad que la Ciudad le reclama en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno que estipuló que no se pagarían indemnizaciones a empleados públicos, algo que no es Fortes, que ocupasen temporalmente cargos de designación política.

En septiembre el Gobierno de Ceuta dijo estar "muy decepcionado" por el comportamiento de Fortes y en octubre la secretaria general del PP, Yolanda Bel, aseguró que su situación como militante, al igual que en el caso del ex viceconsejero de Vivienda, Antonio López, se evaluaría a la luz de las resoluciones judiciales que se conociesen sobre sus casos.

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