El Juzgado de lo Social ordena el embargo de la sede de la Cámara de Comercio

- UGT asegura que la Justicia no ha podido actuar sobre las cuentas corrientes del organismo cameral que preside Karim Bulaix porque no hay "depósitos o saldos disponibles"

- El sindicato no descarta recurrir a la vía Penal para conseguir los 100.000 euros en salarios impagados a trabajadores que se reclaman a la Cámara

- La central recela de la gestión de Bulaix y quieren que testifique por "la posible venta" de otros locales

UGT-Ceuta ha informado este viernes de que el Juzgado de lo Social de Ceuta ha decretado "el embargo del inmueble de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta para hacer frente a las cantidades que el sindicato tiene reclamadas por el despido de varios trabajadores".

Esta resolución ha sido adoptada por la Justicia, según un comunicado de los ugetistas, "al resultarle imposible realizar los embargos de las cuentas corrientes bancarias, una vez comprobado que no existían depósitos o saldos disponibles en las mismas".

UGT reclama a la Cámara de Comercio cantidades que superan los 100.000 euros "pertenecientes a los salarios impagados así como a las extinciones de los contratos por despidos de varios trabajadores de este organismo".

La decisión del Juzgado, contra la que cabe recurso "pero sin efectos suspensivos", corresponde al inmueble donde ubica su sede oficial una vez comprobado "que no existen saldos o depósitos en cuentas corrientes susceptibles de embargo".

Los Servicios Jurídicos de UGT también tienen solicitado que el presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, Karim Bulaix, preste declaración testifical sobre la posible venta de otro de los locales propiedad de este organismo, así como el destino de las cantidades resultantes de la citada compraventa.

Por parte de UGT se está estudiando "seriamente" la posibilidad de "elevar las pretensiones ejecutorias de este pleito a la vía Penal si se acredita que los posibles ingresos obtenidos por la Cámara no se destinasen al pago de las cantidades adeudadas a los trabajadores". En caso de que fuese en este sentido, el presidente de la Cámara tendría que "responder ante la jurisdicción competente".

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