CASO EMVICESA

Libertad con cargos por cohecho para 9 de los detenidos y fianza de 3.000€ para un décimo

Libertad con cargos por cohecho para 9 de los detenidos y fianza de 3.000€ para un décimo
Funcionarios del CNP, custodiando a una persona detenida
Uno de los detenidos en el Caso Emvicesa

En total son ya 22 las personas detenidas y acusadas del algún supuesto delito en la investigación


La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ceuta, Raquel Luccini, que instruye la causa del Número 3 sobre la supuesta trama entorno a la adjudicación de viviendas públicas de Emvicesa, ha decretado libertad con cargos para 9 de los detenidos este miércoles al hilo de esa investigación y libertad bajo fianza de 3.000 euros para otro detenido más, según ha podido conocer Ceutaldia.com de fuentes judiciales y familiares. Todos están acusados de un supuesto delito de cohecho.

A pesar del secreto de sumario que aún continúa imperando en la investigación, poco a poco se puede vislumbrar que a los detenidos la pasada semana estarían en la parte vendedora de esas viviendas públicas y los detenidos este miércoles en la compradora. Aunque todo parece bastante incierto aún.

Las investigaciones siguen adelante y no se descarta otra tanda de detenciones, que podrían implicar a algún empresario local, sin que se sepa de momento qué implicaciones podrían derivarse de la documentación incautada en los registros a Antonio López.

La investigación mantiene en prisión al ex gerente de Emvicesa, y ex viceconsejero de Vivienda del Gobierno de Vivas, Antonio López, junto con otras tres personas más: un trabajador de Obimace, otro de una naviera y un policía portuario.

Junto a los 10 investigados por cohecho este miércoles, están investigados por supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación, las inminentes ex consejeras, Susana Román y Rabea Mohamed, que dimitieron de modo definitivo este miércoles, el diputado de Caballas, Mohamed Alí, que formó parte durante las dos anteriores legislaturas de la Comisión Local de la Vivienda, último órgano en visar las adjudicaciones de viviendas públicas de protección, y 5 empleados de la propia Emvicesa.

Las investigaciones siguen adelante y no se descarta otra tanda de detenciones, que podrían implicar a algún empresario local, sin que se sepa de momento qué implicaciones podrían derivarse de la documentación incautada en los registros a Antonio López.

'Lista fantasma'

El escándalo que mantiene en estado de shock a la opinión pública ceutí desde el pasado martes 14 de febrero, cuando se conoció la detención de Antonio López en su domicilio de Marbella, estalló con la publicación en el diario El Pueblo de Ceuta de una lista de los 317 adjudicatarios de las viviendas de alquiler de Loma Colmenar, la conocida desde entonces como lista fantasma.

La publicación se produjo escasos días antes de que López dejara de formar parte de los cargos de confianza de Vivas y saliera para siempre de la política local. El Gobierno no sólo no dio por buena la lista sino que forzado por la presión política y social que desató la insólita publicación del listado interpuso una denuncia en los juzgados que es la que estaría instruyendo la magistrada Luccini.

A esos hechos de finales de junio y principios de julio de 2015, les siguió la habilitación de un proceso de adjudicación de esas 317 viviendas completamente nuevo, que fue visado por la propia magistrada, que tuvo que atender la denuncia de los interesados en la lista, que recurrieron el nuevo proceso de adjudicación abierto por el Gobierno tras las elecciones y que fue validado por la magistrada en otro auto judicial.

En el otoño de 2015, Luccini decretó el secreto de sumario que ya ha prorrogado en varias ocasiones y el cuál habría aprovechado para profundizar en las pesquisas, al hilo de otras denuncias de particulares que pusieron en conocimiento de la Justicia que habían pagado bajo cuerda por hacerse con viviendas públicas. Investigaciones que casaban con las denuncias públicas de los diputados de Caballas aireadas en los medios y que en un primer momento resultaron infructuosas y archivadas.

La denuncia que en su día firmó en nombre del Gobierno la propia Román cuando aún era consejera de Fomento en funciones ha acabado por costarle su carrera política, tras la detención y posterior acusación este miércoles ha llegado su renuncia al cargo de consejera y al escaño en la Asamblea, originando la segunda crisis del gabinete de Juan Vivas en lo que va de legislatura y la de mayor profundidad. De nuevo la legislatura terminará con cambios en los 25 diputados que la arrancaron. A Román le acompaña en su salida Rabea Mohamed. Sus renuncias incrementan la presión sobre el diputado de al oposición, Mohamed Alí, al que su partido, refrendó en su puesto este lunes a la espera de que se conozca el sumario y poder juzgar su implicación con mayor conocimiento de causa. Caballas tiene que lidiar además con la petición de dimisión de Podemos que anunció que replantearía su relación con los localistas si Alí no renunciaba a sus cargos.

Libertad con cargos por cohecho para 9 de los detenidos y fianza de 3.000€ para un décimo


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