La defensa del exgerente de Emvicesa, Antonio López, ha recusado formalmente, como estaba cantado que haría, a los jueces locales de la Audiencia Provincial (Fernando Tesón, Rosa María de Castro y Emilio Martín) porque a la luz de los autos que emitieron en 2017 y 2018 para mantenerle en prisión provisional los ve "convencidos" de su culpabilidad y, por tanto, inhabilitados para juzgarle.

Con "respeto y consideración" por los tres magistrados, el escrito de recusación recoge las causas del "temor racional" del principal acusado en el 'caso Emvicesa' a "que la imparcialidad de los magristrados pudiera estar seriamente comprometida".

"Cualquiera puede entender, recurriendo al más elemental sentido de la Justicia, que inguna persona quiera ser enjuiciada por quienes le han mantenido en prisión preventiva durante más de un año y que tal pretensión nada tiene de arbitraria o caprichosa, sino que responde al legítimo ejercicio del derecho al juez imparcial, no prevenido o contaminado", razona.

Desde su punto de vista, Tesón, De Castro y Martín "abordaron sus decisiones de mantener la prisión sin juicio a partir de unas resoluciones que contienen una intensidad del juicio de culpabilidad que les inhabilita para acercarse sin previo contacto, sin estar prevenidos, al ejercicio de enjuiciar los hechos por los que finalmente [López] ha sido acusado".

El supuesto cabecilla de presunta trama se enfrenta a una petición de cárcel de más de 20 años por delitos de prevaricación continuada, falsedad de documentos en concepto de autor e inductor, cohecho continuado, promotor y director de organización criminal y blanqueo continuado de capitales.

Sus abogados consideran que los integrantes de la Sección VI no se han limitado a emitir resoluciones sobre "cuestiones formales o de trámite, aspectos generales o, mucho menos, constatar lo acordado por el Juzgado de Instrucción". Al contrario, entienden que han demostrado haber llegado a una "convicción de culpabilidad" tras "analizar los materiales de instrucción y valorar los informes policiales quedando, por tanto, inevitable e indiscutiblemente contaminados o prevenidos".

Si los aludidos no asumen la petición de la parte directamente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) será el encargado de resolver, se espera que antes de verano, si será la Sección VI de la Audiencia u otros magistrados de Cádiz los encargados de juzgar a los acusados en la macrocausa, un total de 54 para quienes la Fiscalía ha solicitado, en conjunto, 280 años de prisión.