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Mateos y Deu “actuaron de común acuerdo con flagrante y grosera infracción de la Ley”, según la jueza

Mateos y Deu “actuaron de común acuerdo con flagrante y grosera infracción de la Ley”, según la jueza
Juan Vivas y Mabel Deu llegan a los juzgados, en segundo término, la jefa de Gabinete, Carolina Pérez
Juan Vivas y Mabel Deu llegan a los juzgados, en segundo término, la jefa de Gabinete, Carolina Pérez el pasado septiembre./archivo
El contudente auto de la magistrada de instrucción que aboca a Mateos y a Deu al banquillo deja de forma clara y contundente en su relato de hechos que Mateos y Deu no respetaron los derechos de los menores a sabiendas

El auto que aboca a la ex delegada del Gobierno, Salvadora Mateos y la vicepresidenta del Gobierno de la Ciudad, Mabel Deu, a sentarse en el banquillo acusadas de un delito de prevaricación administrativa continuada se basa para ello en las pruebas documentales, básicamente las comunicaciones mediante correos electrónicos entre Deu, Mateos, Mateos y la Secretaria de Estado de Interior y los de la jefa del Área de Menores de la Ciudad, Toñi Palomo a la propia Deu. Así deja de lado o les da apenas peso a las testificales de las propias implicadas y de los actores que intervinieron en la devolución de 55 menores entre el 13 y 16 de agosto de 2021.

Y en base a esos correos concluye la magistrada Victoria Rodríguez Caro que “las investigadas actuaron de común acuerdo con flagrante y grosera infracción del artículo 39 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/1996 de Protección jurídica del Menor, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, adoptada por la Asamblea General de la ONU, el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 35 de la LODLE y los artículos 189 a 198 del RLODLE y del propio Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada” acordado en Rabat en marzo de 2007”.

Y enfatiza que todos esos artículos legales los habrían infringido “a sabiendas de la ilegalidad de la actuación, persiguiendo con su arbitraria decisión de repatriar colectivamente a los menores migrantes sin observar ni respetar los derechos de los mismos, cuya vulnerabilidad resulta de la propia condición de menores migrantes (…) Así, desoyeron la prohibición de repatriaciones colectivas, prescindieron en absoluto del procedimiento administrativo, en especial de la audiencia del menor, su derecho a la asistencia letrada y de interprete, se prescindió del trámite previo de audiencia del Ministerio Fiscal y del deber de dictar resolución motivada en que se pondere el interés del menor en concreto, conculcando igualmente el derecho al recurso contra la decisión de repatriación, porque lo que ocurrió es que directamente se pasó a la fase de ejecución que era la finalidad perseguida”, recoge el auto.

Más aún, abunda la magistrada, la ignorancia de las pretendidas medidas garantistas establecidas por la legislación y el acuerdo con Marruecos llevada a cabo durante las repatriaciones de los 55 menores hace que no se pueda saber “si efectivamente han retornado (los menores) con sus familias o quién se ha hecho cargo de ellos en cada caso, habiéndose producido en algunos casos el nuevo acceso subrepticio a nuestro país de menores”. Y cita el caso concreto de tres de los 55 menores que cruzaron de vuelta la frontera del Tarajal en aquellos días de agosto.

“En definitiva, con su arbitrario proceder, las investigadas hicieron absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados que la legislación les atribuía en sus respectivas competencias, poniendo en riesgo su integridad física y moral, ocasionando un resultado materialmente injusto, sin que exista justificación para ello”, prosigue el auto. Y aquí tira por tierra incluso la defensa ante la opinión pública, más allá de la legal, que se ha esgrimido, por ejemplo en alguna ocasión desde el propio Gobierno de la Ciudad, que ha insistido en sus argumentos en subrayar la excepcionalidad de la situación de aquellos meses tras la llegada de unos 10.000 marroquíes:

No encuentra la jueza justificación “ni siquiera la situación de excepcionalidad, ya que ni tan siquiera han acreditado que, ante la disponibilidad de Marruecos de recibir a los menores, se arbitraran mecanismos para acelerar los trámites legales”.

La Instrucción lo ha tenido en cierto sentido fácil, dado que todos esos trámites que se habrían saltado a la torera, según el relato judicial, Mateos y Deu, los puso negro sobre blanco en un correo electrónico la jefa del área de Menores, Toñi Palomo, cuando la propia Deu le pidió colaboración.

Tras un primer correo del 24 de mayo de 2021 de Deu a Delegación en el que ya le pide a Mateos que promueva la puesta en marcha de devoluciones al amparo del acuerdo de 2007 con Marruecos. Deu le insiste en otro correo el 10 de agosto, tras, según constata el relato de hechos de la instructora, fracasar “el intento de reparto de un número significativo de menores migrantes que se encontraban en Ceuta entre todas las Comunidades Autónomas”.

“Reiteramos, como se ha venido solicitando en otras ocasiones, la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y de Marruecos sobre   cooperación   en  materia  de  prevención  de   la  emigración   ilegal  de  menores   no acompañados,   su   protección   y su vuelta concertada, garantizando en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva o su entrega a un servicio de protección, si el interés superior del menor así lo requiere”, le insistió Deu a Mateos aquel 10 de agosto.

Y ese mismo día, apenas dos horas y media después, la ex delegada dio instrucciones a su secretario general para que reenviara esa comunicación de Deu a la Secretaría Particular del Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Menos de una hora tardó en llegar la respuesta desde Madrid. Desde Interior se adjuntó el acuerdo con Marruecos y se añade que “dada la importancia de este asunto, se insta se proceda a cumplir lo previsto en el escrito desde hoy mismo”. El auto recoge el texto de ese mail de forma íntegra:

“Rogamos se proceda a ejecutar las previsiones recogidas en el artículo 5 del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención emigración ilegal de menores no acompañados (…) por indicación del Ministro del Interior, se ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos. Todo ello con el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela”.

El contenido del correo y la referencia expresa a cumplir con la legalidad no es inocuo. Eso unido a que se deje de lado las testificales practicadas en las que la propia Mateos aseguró haber cumplido ordenes de Interior en su proceder, serviría de momento para que el asunto se salde con el señalamiento como encausadas de Mateos y Deu y de nadie más.

Tanto así que la propia instructora hace apreciación de eso mismo en su auto: “Sin embargo, la señora delegada del Gobierno, prescindiendo a sabiendas total y absolutamente del procedimiento establecido y aprovechando de la disponibilidad que, según la anterior comunicación, las autoridades marroquíes mostraban excepcionalmente para recibir a los menores, decidió repatriar por la vía de hecho a los que habían entrado en mayo y aún permanecían en Ceuta”.

¿Cómo lo hizo? Volviéndose a comunicar con Deu a la que remite el correo recibido de Interior. Deu reclama por primera vez en todo este asunto a la responsable de los menores en la Ciudad la jefa del Área, Toñi Palomo. Le da traslado del correo de Interior y le pide colaboración, en concreto que elabore respuesta para comenzar con las devoluciones. Si bien, Palomo torpedea en un escrito las intenciones de Mateos y Deu y abunda en la defensa del cumplimiento de la legalidad que había expresado Interior.

Así Palomo recuerda que el acuerdo con Marruecos de 2007, el mismo acuerdo, “exige que la situación de los menores no acompañados se gestione con el estricto respeto de la legislación nacional respectiva, de las normas y principios del Derecho Internacional”.

Cita Palomo el propio Reglamento de Extranjería de 2009 que establece con precisión cuál sería el procedimiento y los pasos a seguir para la repatriación de los menores. Repasa Palomo esos pasos a seguir y pasa a solicitar a Delegación y a la propia Secretaria de Estado de Interior que indique los plazos previstos para 6 de esos procedimientos a ejecutar. Algunos de esos eran tan contundentes contra las prisas que tenían Mateos y Deu que facilitan el calificativo de “grosero” a la magistrada en su auto. Pide Palomo por ejemplo que se “indique plazos previstos para, de conformidad con el artículo 192.2, informar por escrito al menor, en una lengua que le sea comprensible y de manera fehaciente, de los antecedentes que han determinado la incoación del procedimiento y de cuantos derechos le asisten, con especial mención a la asistencia de intérprete si no comprende o habla el idioma español”.

Ese mail de Palomo, Deu no lo remitió a Delegación ni a la Secretaría de Estado de Interior, al menos no consta. “Ello debido a que se hallaba de acuerdo con la señora Mateos en proceder a entregar a Marruecos a los menores bajo su guarda, prescindiendo, a sabiendas, de cualquier procedimiento y del dictado de la preceptiva resolución individualizada acorde con la legalidad nacional e internacional”.

Y a partir de aquí todo se desata, Deu y Mateos cada una por su lado dan pasos, contactan con autoridades marroquíes y provocan una reunión en el Tarajal a la que Deu obliga a ir a Palomo, que pidió expresamente no formar parte de ella.

El 11 de agosto se celebra dicha reunión, de la que no hay acta alguna. Y el 12 de agosto Deu procedió a poner en marcha el plan covenido. Remite listados a Delegación del Gobierno de los menores que saldrían, primero 15  luego otra lista con 145, que “no estarían sujetos a vulnerabilidad” y estarían “en disposición de retornar a su país de origen”.

“Su designación parece ser no tuvo otro criterio que el de ser los que se hallaban alojados en el dispositivo más precario, el Polideportivo de Santa Amelia, alguno de los cuáles contaba con trece años y medio, según resulta del propio listado”, concluye la magistrada.

El listado se reenvía el día 13 de Delegación a la Secretaría de Estado. Y el mismo día 13 a las 13 horas el director general de Preidencia, León Bendayán siguiendo las instrucciones de Deu avisa a los responsables de la Fundación SAMU con todo ya preparado de lo que va a suceder.

Las previsiones eran que hubieran salido los 145 menores ese mismo día 13, pero Marruecos sólo aceptó 15 y estableció que ese sería el cupo cada día. Salieron 15 ese viernes, 15 el sábado, 15 el domingo y sólo 10 el lunes, cuando un auto de medidas cautelares del Juzgado paralizó las repatriaciones.

“La investigada señora Deu era consciente que ninguna resolución administrativa amparaba el traslado de los menores a Marruecos”, sentencia el auto de la magistrada.

Todo fue tan de aquella manera que la jueza Victoria Rodríguez repara en que “de parte de la delegación marroquí que se hacía cargo de los menores no se entregó a la policía o a los responsables de la Ciudad Autónoma de Ceuta acta o cualquier otra documentación acreditativa de la recepción de cada menor”.

Finalmente salieron 55 menores de vuelta a Marruecos y se comenzó a seguir correlativamente la lista de 145 de ellos, pero se llega hasta el número 78. ¿por qué? Por que algunos plantearon problemas, llegando incluso a pedir habeas corpus, para dejar aún más constancia de que todo se estaba llevando a cabo sin informarles de su situación dejando de lado la legalidad y los procedimientos establecidos.

El auto aboca a Mateos y a Deu a sentarse en el banquillo y a juicio oral, aunque aún cabe recurso contra el mismo. Si bien deja en el aire algunas incógnitas sobre lo sucedido a la vista de las testificales practicadas durante la instrucción, como por ejemplo, hasta donde llegó la responsabilidad real del Ministerio del Interior en todo el procedimiento. Y no sólo:

En su mail de respuesta a Deu, la jefa del Área de Menores, Toñi Palomo, cifró en 1.079 los menores que accedieron de manera irregular a la ciudad en aquellos días de mayo. Según se ha referido en múltiples ocasiones desde finales del pasado año por parte del Gobierno de aquellos 1.079 menores que entraron durante los días 17 y 18 de mayo no queda en Ceuta ninguno. En este proceso de repatriación que investiga la justicia salieron 55, algunas decenas más se trasladaron a otros servicios de acogida en otras autonomías, ¿dónde están cerca de mil de aquellos menores? ¿cómo se volatilizaron?

Mateos y Deu “actuaron de común acuerdo con flagrante y grosera infracción de la Ley”, según la jueza


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