A FINALES DE MES

Los portavoces de los grupos de la Asamblea, citados en el Juzgado por el trato a los no adscritos

Los portavoces de los grupos de la Asamblea, citados en el Juzgado por el trato a los no adscritos
Imagen de recurso de una Sesión Plenaria.
Imagen de recurso de una Sesión Plenaria.
Vázquez y Rodríguez denunciaron a principios de junio a los miembros de la Mesa Rectora del Pleno (Juan Vivas, Francisco Javier Ruiz y Cristina Pérez) por presunta prevaricación administrativa en relación con su derecho a acudir a Comisiones Informativas y Consejos de Administración y otras formas de participación política efectiva como electos.

El titular del Juzgado de Instrucción  número 3 de Ceuta quiere escuchar en primera persona antes de que termine noviembre la versión de los portavoces de los grupos políticos con representación en la Asamblea (PP, PSOE, Vox, MDyC y Caballas) sobre el trato que durante meses se dio en la Cámara autonómica a los diputados no adscritos que abandonaron Vox a finales de enero, María del Carmen Vázquez y José María Rodríguez.

Ambos denunciaron a principios de junio a los miembros de la Mesa Rectora del Pleno (Juan Vivas, Francisco Javier Ruiz y Cristina Pérez) por presunta prevaricación administrativa en relación con su derecho a acudir a Comisiones Informativas y Consejos de Administración y otras formas de participación política efectiva como electos.

La secretaria general de la Asamblea ya ha pasado este mes por sede judicial como testigo. El magistrado que instruye la causa le requirió por primera vez el 12 de junio "con carácter de urgencia" un informe sobre los hechos denunciados. Ante su falta de respuesta, el Juzgado insistió por escrito con otro oficio en la necesidad de que se diera "urgente cumplimiento" a las diligencias ordenadas cuando todavía no había comenzado el verano.

A mediados de octubre los dos parlamentarios autonómicos ratificaron su denuncia original contra Vivas, Ruiz y Pérez, a los que acusan de vulnerar su derecho a la participación política como electos contra lo previsto en la legislación y el Reglamento de la Cámara autonómica y con el ejemplo de lo sucedido tras la salida de Fatima Hamed de Caballas como referente inmediato inexcusable.

Vázquez y Rodríguez reclaman que se les otorguen “los derechos reconocidos en las leyes y amparados por el Tribunal Constitucional” para desarrollar su labor parlamentaria bajo apercibimiento de que “toda la conculcación de derechos puede revestir la consideración de infracción penal, ya que a su juicio la Mesa Rectora no se podía escudar en que no tenía conocimiento, pues en las anteriores legislaturas tuvieron un caso similar de una diputada a la que se le permitía presentar mociones de urgencia, preguntar, interpelar y participar en los órganos colegiados de la Ciudad”.

Desde que acudieron a la Justicia sí se produjeron movimientos políticos que apuntan a que sus reivindicaciones no van desencaminadas: han sido incluidos en las convocatorias de las Comisiones Informativas, se decidió eliminar la fórmula de voto ponderado en los Consejos del sector público periférico y se garantizó que tengan acceso a todos los acuerdos que se adopten en los mismos para poder defender su posición en las Juntas Generales.

Los portavoces de los grupos de la Asamblea, citados en el Juzgado por el trato a los no adscritos