El titular del Juzgado número 3 de Ceuta ha cerrado la fase de instrucción del procedimiento 383/2018, abierto por una denuncia de Ciudadanos a la Fiscalía, con siete procesados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en relación con su intervención en la fórmula que se utilizó para dar “satisfacción extraprocesal” al pago de una deuda que por 1,6 millones mantenía Acemsa con la empresa Africana de Construcciones y Contratas (ACC) que conllevó el desembolso adicional de casi 160.000 euros públicos con un supuesto “beneficio indebido”.
Cuando la formación naranja amenazó la legislatura pasada al Ejecutivo de Vivas con judicializar los reconocimientos extrajudiciales de deudas que casi cada viernes usaba para saldar por las buenas cantidades por servicios prestados sin contrato o sin consignación, el Gobierno decidió dejar de hacerlo y, aunque saliese más caro para la Administración, obligar a las prestatarias a acudir a la Justicia.
ACC no había cobrado de la Ciudad los trabajos realizados sin contrato entre noviembre de 2016 y junio de 2017 en las redes de saneamiento, un total de 1,6 millones. El reconocimiento extrajudicial se descartó para evitar pagar ‘precio político’. Dar la batalla judicial, también al intuirse una derrota segura y "miles de euros" de sobrecostes.
Según el auto de procedimiento abreviado dictado, cuando el Consejo de Administración de Acemsa acordó el 5 de marzo de 2018 dejar “el asunto sobre la mesa” y no apoquinar u oponerse lo hizo “con el consiguiente perjuicio que para las arcas municipales implicó no atender inmediatamente el pago”.
La decisión tomada fue "negociar la satisfacción extraprocesal del objeto litigioso en el seno del procedimiento judicial con la consiguiente resolución judicial" y la factura se elevó finalmente en 98.364,76 euros de intereses de demora y otros 61.230,53 euros por las costas del abogado externo atendiendo al "trabajo profesional realizado" y la "complejidad de la causa", aunque para el juez es un misterio “cuál fue su labor”.
Según el auto de procedimiento abreviado dictado, cuando el Consejo de Administración de Acemsa acordó el 5 de marzo de 2018 dejar “el asunto sobre la mesa” y no apoquinar u oponerse lo hizo “con el consiguiente perjuicio que para las arcas municipales implicó no atender inmediatamente el pago”
Para el instructor lo que se generó fue un “beneficio económico indebido” y los mandamientos de pago se firmaron “a sabiendas de que no estaban avalados los intereses debidos o las costas procesales por una tasación judicial, ni el acuerdo alcanzado por el Consejo de Administración” de Acemsa, que defiende que sin ese pacto hubiera tenido que desembolsar casi medio millón extra.
Durante la tramitación de las diligencias previas se escuchó como investigados al ex consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos; al interventor de la Ciudad, José María Caminero; al abogado Carlos García Selva; y al apoderado de ACC, Cecilio Castillo, pero el número total de imputados se terminó disparando a nueve, entre ellos trabajadores de Acemsa.
El auto que ha finiquitado la instrucción ha archivado la investigación sobre dos de ellos (sus nombres no son publicables por Protección de Datos, según las fuentes consultadas), decisión que la Fiscalía Anticorrupción está estudiando recurrir como ya han hecho en apelación los que han quedado como procesados ante la Audiencia Provincial en la fase intermedia previa a la de enjuiciamiento que vendría a continuación.
