JUZGADOS

La secretaria general de la Asamblea, citada como testigo por el trato a los no adscritos

La secretaria general de la Asamblea, citada como testigo por el trato a los no adscritos
vázquez rodríguez
Vázquez y Rodríguez, en una rueda de prensa.
Los dos diputados denunciaron a principios de junio a los miembros de la Mesa Rectora del Pleno (Juan Vivas, Francisco Javier Ruiz y Cristina Pérez) por presunta prevaricación al "vulnerar" su derecho a acudir a Comisiones Informativas y Consejos de Administración y otras formas de participación política efectiva como electos.

El titular del Juzgado de Instrucción  número 3 de Ceuta ha citado este viernes a declarar como testigo a la secretaria general de la Asamblea, María Dolores Pastilla, por el trato que durante meses se dio en la Cámara autonómica a los diputados no adscritos que abandonaron a finales de enero el Grupo Parlamentario de Vox, María del Carmen Vázquez y José María Rodríguez.

Ambos denunciaron a principios de junio a los miembros de la Mesa Rectora del Pleno (Juan Vivas, Francisco Javier Ruiz y Cristina Pérez) por presunta prevaricación administrativa en relación con su derecho a acudir a Comisiones Informativas y Consejos de Administración y otras formas de participación política efectiva como electos.

El magistrado que instruye la causa requirió por primera vez el 12 de junio a Pastilla "con carácter de urgencia" un informe sobre los hechos denunciados. Ante su falta de respuesta, el Juzgado insistió por escrito con otro oficio en la necesidad de que se diera "urgente cumplimiento" a las diligencias ordenadas cuando todavía no había comenzado el verano.

A mediados de octubre los dos parlamentarios autonómicos ratificaron su denuncia original contra Vivas, Ruiz y Pérez, a los que acusan de vulnerar su derecho a la participación política como electos contra lo previsto en la legislación y el Reglamento de la Cámara autonómica.

Vázquez y Rodríguez reclaman que se les otorguen “los derechos reconocidos en las leyes y amparados por el Tribunal Constitucional” para desarrollar su labor parlamentaria bajo apercibimiento de que “toda la conculcación de derechos puede revestir la consideración de infracción penal, ya que la Mesa Rectora no se puede escudar en que no tenía conocimiento, ya que en las anteriores legislaturas ya tuvieron un caso similar de una diputada [Fatima Hamed] a la que se le permitía presentar mociones de urgencia, preguntar, interpelar y participar en los órganos colegiados de la Ciudad”.

Desde que acudieron a la Justicia han sido incluidos en las convocatorias de las Comisiones Informativas, se decidió eliminar la fórmula de voto ponderado en los Consejos del sector público periférico y se garantizó que tengan acceso a todos los acuerdos que se adopten en los mismos para poder defender su posición en las Juntas Generales.

La secretaria general de la Asamblea, citada como testigo por el trato a los no adscritos


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