Un juzgado de la ciudad autónoma entiende en dos resoluciones que este método solo es aplicable en el perímetro de la valla, a pesar de que actualmente se emplea también en los casos de nadadores que tratan de bordear el espigón
El Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Ceuta ha dictado dos sentencias sobre la figura jurídica del rechazo en frontera, comúnmente conocida como devolución en caliente. Desde que la ley de protección de la seguridad ciudadana introdujo esta figura jurídica, el ejecutivo ha venido aplicándola en Ceuta y Melilla sin límite geográfico, no solo en el perímetro fronterizo de la valla, sino también en el mar, en islotes y archipiélagos o en el centro de la ciudad.
Entienden varias organizaciones, que han emitido una nota al respecto, que el Juez se posiciona en sus recientes sentencias confirmando a la Administración que este rechazo de naturaleza tan excepcional sólo está previsto en el perímetro de la valla y recordando que en el resto de ubicaciones deberá emplear el procedimiento de devolución ordinaria con todas sus garantías.
En los asuntos analizados por el Juzgado, ha quedado acreditado que los litigantes fueron interceptados por la Guardia Civil en el mar mientras trataban de acceder a la costa ceutí y, posteriormente, fueron devueltos a Marruecos sin haber podido tener asistencia letrada ni intérprete. Estas entradas por vía marítima son una constante en la ciudad de Ceuta, con especial intensidad en los últimos meses, por lo que estas resoluciones proporcionan el marco jurídico con el que debe actuar la Delegación de Gobierno en las devoluciones de las personas. Y, aunque las resoluciones no son firmes todavía, suponen un avance en el reconocimiento de la irregularidad de estas prácticas y de los derechos que tienen las personas que acceden a territorio español.
Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes, asociaciones que han representado a los litigantes y que emiten un comunicado de prensa conjunto, exigen el cese de esta práctica -declarada ilegal por los juzgados-, reclaman el reconocimiento de todas las garantías procedimentales a las personas extranjeras y recuerdan que el control de fronteras es una responsabilidad del estado que debe ejercerse con pleno respeto a los Derechos Humanos.
Las valoraciones de las asociaciones
Javier Baeza, presidente de la Coordinadora de Barrios, subraya su preocupación por ver como "cada vez son más frecuentes prácticas dirigidas a cercenar derechos de las personas migrantes". A su parecer, "el estado de derecho es más sólido cuando ampara los derechos de las personas más vulnerables”.
Más centrada en el contenido de las sentencias, Francesca Fusaro, miembro de No Name Kitchen, ve en el pronunciamiento del juez "un paso fundamental para la lucha por los derechos humanos de las personas migrantes"; incidiendo en este momento en que "el no respeto de estos derechos humanos por parte de las autoridades pone en riesgo la vida de miles de personas en el mar, con el resultado de muchas muertes y desapariciones sin respuesta”.
Por último, Javier Moreno Gómez, abogado del SJM, analiza el posicionamiento del juez, explicando que,“ no se trata sólo de que la actuación administrativa por la cual se se devolvió a nuestro representado sea contraria a derecho, sino también de que existan mecanismos suficientes y eficaces para que dichas actuaciones sea prevenidas por un lado y rindan cuentas de su actuación sin someter necesariamente a una persona a un procedimiento judicial”.
