ASIS Internacional, organización líder para profesionales de seguridad a nivel mundial, concedió en noviembre de 2019 al proyecto 'Ceuta Ciudad Segura', recién recepcionado, el premio a la "mejor instalación de seguridad" implantada ese año en España. Dieciséis meses después, sin embargo, sus 65 cámaras de última tecnología con todo tipo de funcionalidades todavía no funciona a pleno rendimiento, según han confirmado fuentes policiales, judiciales e institucionales, y su potencial para combatir olas de vandalismo como la que se ha llevado por delante más de veinte coches y más de cincuenta contenedores calcinados en las calles en lo que va de año no puede aprovecharse al máximo por las Fuerzas de Seguridad.

La Comisión de Garantías de Videovigilancia de Ceuta no se reúne desde 2018, según han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y ese órgano colegiado en el que además de la Administración del Estado y la Ciudad toman parte la Fiscalía y la Abogacía del Estado, "no tienen pendiente de convocar" ninguna reunión para tramitar las autorizaciones de uso pendientes para que la Policía Nacional y la Local, en sus respectivos ámbitos de competencia, puedan sacar a la red todo el juego para recabar pistas y aportar pruebas de la comisión de delitos.

"Es posible que el asunto esté todavía en trámites en la Delegación del Gobierno y no se haya remitido la documentación perceptiva”, han apuntado desde el TSJA. La institución de la Plaza de los Reyes, cuya titular ha convocado para este miércoles una reunión de la Junta Local de Seguridad, ha explicado que “desde el Tribunal se formularon alegaciones al proyecto y actualmente se están subsanando sus condiciones para que pueda entrar en funcionamiento a pleno rendimiento de acuerdo con sus directrices”.

Fuentes de la Ciudad Autónoma han completado que hasta donde sabe la Administración local “el informe para la Comisión de Garantías ya está terminado para ser remitido en los próximos días con el fin de solicitar una nueva reunión en la que obtener las autorizaciones pendientes, que corresponden a la operativa policial”.

En manos de la Policía Local se pactó dejar las de tráfico, sin capacidad de giro, y las detección de focos de calor desde cuatro torres ubicadas en distintos puntos de la ciudad (Anyera, el Monte de la Tortuga, la explanada de Poniente y Cuatro Caminos), algunas de las cuales también han sido víctima de los vándalos.

La Policía Nacional es la competente para gestionar el resto, capaces, con operativa en tiempo real, de ver de noche "como si fuera de día", lanzar alarmas de analítica persona-vehículo y búsqueda por apariencia con software de lectura automática de matrículas y reconocer caras con hasta 10 años de envejecimiento y “oclusiones parciales” de cara, barbas, bigotes...

El sistema, en el que se invirtieron dos millones de euros, está diseñado para monitorizar toda la ciudad salvo 64 espacios con 65 cámaras ubicadas en plazas, avenidas anchas y grandes intersecciones con fines de “vigilancia urbana y búsqueda por apariencia” o en cruces y viales. Además, incorporó siete paneles informativos y una docena de bolardos antiterroristas.