El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha dictado auto de apertura de juicio oral contra cinco trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda por el denominado 'caso Emvicesa'. La Fiscalía solicita 13 años de prisión para cuatro de ellos y 15 para la quinta, a la que también se atribuye un presunto tráfico de influencias para la adjudicación de una vivienda a un allegado.

Isaac Medina, Salvador Vera, Manuel García, Juan Manuel Zaragosí y Teresa Sánchez serían "cooperadores necesarios" de la trama bajo la lupa para supuesta adjudicación de casas al margen de la legalidad y están acusados de presuntos delitos continuados de falsedad documental (se pide la pena común para todos ellos de cinco años de prisión y multa de 18 meses a razón de 50 euros al día, así como a la pena de inhabilitación especial por cinco años), malversación de caudal público (otros cinco años de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por ocho años) y de prevaricación administrativa (inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de diez años).

En el caso de Sánchez se le suma un supuesto delito de tráfico de influencias como autora se solicita por parte de la Fiscalía la pena de 2 años de prisión, multa del tanto al duplo del beneficio obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 7 años.

La jueza instructora les endosó una "especial relevancia" en "la trama criminal organizada por López para obtener el enriquecimiento, dado que participaban con funciones administrativas en el procedimiento de selección de los adjudicatarios de vivienda, bien en régimen de alquiler bien en régimen de propiedad".

De las diligencias practicadas concluyó que tras "entre 15 y 30 años" trabajando en la sociedad municipal, actuaban según la magistrada "a las órdenes irregulares del cabecilla de la trama, a sabiendas de que las directrices que tomaban y la selección de beneficiarios de las viviendas que éste hacía, ni eran respuesta del proceso legal de selección ni eran fiscalizadas por la Comisión local de la Vivienda (órgano encargado de la fijación de criterios, control de proceso de selección, fiscalización y aprobación de listas provisionales y definitivas), y lejos de negarse a cumplir dichas órdenes las acataban a sabiendas de su injusticia".