La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado a través de sus servicios jurídicos y tras constatarse por las informaciones públicas y publicadas emitidas por la Defensoría del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía y el propio Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que no se estaban siguiendo los protocolos y el tratamiento individual que exige el tratado entre Marruecos y España ha presentado recurso ante la Audiencia Nacional, por vulneración de derechos fundamentales, ante la Sala de lo contencioso administrativo para lograr "que se dé por anulada la instrucción emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad que ha impulsado la deportación sumaria de los menores migrantes residentes en la ciudad autónoma".

Esta medida, de prosperar, incluyendo una medida cautelarísima, se basa en la falta de atención individualizada, como así ha señalado en varias ocasiones la Fiscalía especializada de Menores y, constatan otras organizaciones que estaban auxiliando a la ciudad autónoma de Ceuta, como es el caso de Save The Children.

En base a todos estos incumplimientos, se pide, en concreto esas instrucciones sean calificadas como “declaración contraria a derecho” lo que de sustanciarse, supondrá la nulidad de la ejecución de esta instrucción y cuantas se hayan dado dependiendo de ellas.

Este recurso, se basa en el público incumplimiento, ya alertado por el Colegio de Abogados de Ceuta, al respecto de la falta de prestación de servicios de asistencia letrada a los propios menores, y, por lo tanto, en los múltiples incumplimientos detectados por el las ONGs existentes en el terreno, y recalcados por Defensoría del Pueblo, enviados de Naciones Unidas y otros organismos como el propio Comité de los derechos del niño.

Desde la Red se ha pedido también acumular ante la Audiencia Nacional todas las actuaciones previas interpuestas por otras entidades, al tiempo que se ha aportado, para su posterior incorporación a la instrucción, los datos y actuaciones emitidas por todos los organismos, entidades y organizaciones, incluyendo UNICEF , Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas y otros como el Consejo General de la Abogacía, al considerarlos de expreso interés para el proceso, así como, especialmente, el escrito emitido por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y la Dirección General competente en materia de Infancia, que han señalado como no se ha puesto en marcha, siendo ellos los competentes, protocolo de respuesta y garantía de los derechos de los menores bajo ningún concepto.

“Desde la Red Española de Inmigración solicitamos, urgentemente, que se proceda a garantizar un cambio en la política de Interior del Gobierno de España. El Ministerio no puede saltarse la norma y aplicar deportaciones sumarias, ya condenables para población adulta, pero inadmisibles para niños muy vulnerables sin referentes familiares a los que no se está devolviendo con sus familias, sino hacinando en otro centro de menores pero bajo régimen marroquí del que dudamos de su respeto a los básicos derechos humanos y del niño. Esto no es solo una deportación, es una subcontratación, no sabemos a cambio de qué, para que en lugar de estar acogidos en suelo Español se les ubique en otro país sin tener en cuenta su situación y, sobre todo, se de cumplimiento básico de sus Derechos como niños y, en algunos casos, solicitantes de asilo” afirmó Rafael Escudero, Director de la Red Española de Inmigración.

La Red ha solicitado a los grupos parlamentarios en el Congreso una reunión para explicarles lo sucedido e iniciará una ronda parlamentaria para buscar vías para garantizar una respuesta política, además de jurídica, a este conflicto, en el que el Ministerio del Interior lleva meses paralizando cualquier medida que no sea la deportación y la expulsión para la población migrante de toda edad residente en España.