El TSJA ha declarado nula la base de ejecución de los Presupuestos de la Ciudad que en 2017 habilitaba a los funcionarios de carrera en servicios especiales por ocupar los cargos de vicepresidentes de la Asamblea, presidente de la Ciudad, consejeros, viceconsejeros, directores generales, jefe de Gabinete o subdirectores generales a "percibir retribuciones en concepto de antigüedad y residencia" además de sus sueldos.

Según la intepretación de la Sala, contraviene la legislación nacional aunque se ha replicado casi sin cambios durante los últimos 20 años.

La parte que la recurrió judicialmente,, Ciudadanos, interpreta que con esa decisión se convierten en "pagos indebidos y reintegrables" las cantidades abonadas por la Administración autonómica desde cuatro años antes, es decir, a partir de 2013, y hasta la actualidad.

En total, siete ejercicios económicos completos durante los que Juan Vivas ha percibido un mínimo de 19.000 euros anuales por esa indemnización y Mabel Deu, la única consejera que también ha estado ininterrumpidamente en ese puesto, al menos 12.000 al año. Si la lectura del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que hace la formación naranja fuese correcta, el presidente tendría que restituir más de 133.000 euros y su actual vicepresidenta, más de 84.000.

La Administración publicó por última vez en 2011 como parte del Presupuesto las cantidades desglosadas por fuentes de ingresos (sueldo, residencia, trienios e indemnización por ir a Plenos y Comisiones) que abonaba a los miembros del Ejecutivo. Entonces Vivas recibía un total de 19.527,48 euros por indemnización por residencia. En 2018 (el ejercicio pasado no hubo tampoco separación pública de conceptos retributivos) esa cantidad se elevó a 19.593,48, 12.367,50 en el caso de Deu.

También percibían ingresos por residencia sus 12 directores generales (entre 12.200 y 18.900 euros, según el caso); la entonces vicepresidenta Primera de la Mesa, Rocío Salcedo (10.428) y los consejeros de Deporte y Turismo, Emilio Carreira (casi 11.000 al año); de Gobernación, Jacob Hachuel (algo más de 13.200 por ejercicio); y de Educación y Cultura (Javier Celaya, por encima de 15.500, aunque se incorporó al Ejecutivo a mitad de legislatura).

Actualmente son funcionarios de carrera, según las fuentes consultadas por Ceutaldia.com, en situación de servicios especiales en el Consejo de Gobierno, además de Vivas y Deu, solo Javier Guerrero y Carlos Rontomé.