La defensa del técnico Jesús Gentil, el único citado como investigado en la causa que el Juzgado quiso cerrar y la Audiencia le ordenó reabrir, considera que en el estado actual de la causa, una vez “disipadas las sospechas penales creadas deliberadamente” por Caballas, la parte denunciante, hay que aclarar “qué sentido tiene que, sin más, un perito judicial evalúe la corrección del informe de un arquitecto municipal”.
"¿A partir de ahora todos los informes de técnicos municipales van a ser revisados por un perito judicial cuando un grupo político discrepe, a su entender, de su contenido?”, se preguntan los abogados del arquitecto, que estiman que “esa forma de proceder, además de conculcar el principio de intervención mínima del Derecho Penal, supone una actuación totalmente prospectiva al intentar utilizar la fase instructora para buscar la existencia de un ilícito donde a priori no existe”.
A sus ojos la denuncia solo puso de manifiesto “la opinión discrepante de un grupo político sin fundamento técnico” y además “para aderezar esa discrepancia política de personas legas y no técnicas en materia de urbanismo, se intentó de forma malintencionada intentar sembrar algún tipo de sospecha penal aludiendo a [Gentil] como la persona buscada ‘ad hoc’ por el Gobierno para saltarse deliberadamente el procedimiento administrativo” que reclaman los de Ali.
La coalición ha pedido, por su parte, que el escrito de los arquitectos de Fomento compañeros de Gentil no sea remitido a la perito judicial designada para emitir un dictamen objetivo externo porque “se estaría afectando su imparcialidad por la presión ambiental que comportaría, afectando gravemente a su objetividad y poniendo en tela de juicio el hipotético informe a elaborar y su imparcialidad”.
