Ninguna de las dos partes en conflicto se han quedado contentas con el veredicto del Juzgado de lo Social que ha considerado ilegal e improcedente el despido de los 14 trabajadores que integraban la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD) que, desde la estructura de la Delegación del Gobierno, se encargaba de la gestión de los Planes de Empleo financiados por el Estado hasta este año.

Si la institución de la Plaza de los Reyes tiene pensado recurrir el veredicto que le obliga a readmitir a los trabajadores o a indemnizarles con un total de 300.000 euros, la plantilla también prevé apelar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en su caso para que declare "nula" la rescisión de sus contratos, con lo que la vuelta a sus puestos de trabajo sería la única salida para la Delegación.

"El Juzgado de lo Social ha estimado que los contratos, indefinidos, no se podían terminar salvo por la amortización de las plazas o la cobertura de los puestos, circunstancias que no han concurrido", ha explicado el letrado de la defensa de los trabajadores, Ramón Lladó.

La plantilla peleará ante el TSJA para que este reconozca que los despidos fueron de naturaleza "política" con el único móvil de "evitar que una diputada socialista [Milagros García] se enterase de los tejemanejes de la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma con los programas de los Planes de Empleo".

A juicio de los afectados, la disolución de la UPD no les ha tenido a ellos como únicas víctimas, sino también al conjunto de la sociedad y de los trabajadores de los Planes, "que actualmente no saben si van a conbrar o cuándo, dónde deben trabajan o qué tienen que hacer".