Cuatro gestores, cuatro empresarios, una persona con acceso a la red de la Administración y once beneficiarios de los documentos falsos han sido arrestados acusados de presuntos delitos dcontra la Seguridad Social, falsedad en documento público y asociación ilícita.

La Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta ha cerrado con 21 detenidos que ya han pasado a disposición judicial una investigación relacionada con la actividad de un grupo organizado dedicado, a cambio de “importantes cantidades de dinero”, a confeccionar “contratos fraudulentos” y a dar de alta en la Seguridad social a ciudadanos extranjeros con permiso de residencia o a españoles casados con nacionales de otros países.

De esa forma, aunque no realizasen “ningún tipo de actividad laboral”, podían justificar ante la Administración que disponían de medios económicos suficientes para subsistir y así poder renovar sus autorizaciones de residencia, solicitar la nacionalidad española o acreditar los días trabajados necesarios para recibir “algún tipo de prestación contributiva”, según ha explicado este lunes la Jefatura en una nota a los medios.

En la trama confluían “tres elementos necesarios para que la fórmula fructificara”: empresarios, gestores y personas autorizadas para acceder el sistema de red que eran las encargadas de “la elaboración y el envío de los pertinentes contratos falsos".

Cuatro de los investigados eran propietarios de una gestoría ubicada en Ceuta en la que inicialmente se realizaban los contratos. Después fue disuelta pero dos de sus antiguos socios crearon una nueva.

Para la tramitación de los contratos era necesaria una persona con autorización para el sistema de red que, como los cuatro gestores y otros tantos empresarios, está acusada de presuntos delitos contra la Seguridad Social, falsedad en documento público y asociación ilícita.

Además, se ha detenido a 12 personas que hicieron uso de esos contratos falsos y que han sido arrestadas por supuestos delitos contra la Seguridad Social y falsedad de documento público.

En la investigación ha colaborado la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las Direcciones Provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Oficina Única de Extranjeros de la ciudad autónoma.