La Audiencia Provincial de Cádiz acogerá el próximo martes el juicio oral contra los nueve supuestos líderes del grupo de 602 migrantes de origen subsahariano que el 26 de julio de 2018 accedieron irregularmente a Ceuta en la mayor entrada con éxito de la historia de la ciudad “violentando” el vallado de su perímetro fronterizo. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos 8 años de cárcel, seis por un presunto delito de desórdenes públicos (o, subsidiariamente, cinco por uno de atentado) y dos más por otro de daños.

Además, el Ministerio Público pide que sean condenados a resarcir “conjunta y solidariamente” a la Dirección General y a la Comandancia local de la Guardia Civil y al Estado por los desperfectos causados en varios vehículos y material de la Benemérita y en la doble valla que separa la ciudad de Marruecos (valorados en más de 13.000 euros), así como a indemnizar a los doce funcionarios del Instituto Armado lesionados con 8.205 euros.

En su calificación de los hechos también propone que se les impongan dos meses de multa con una cuota diaria de 25 euros por doce delitos leves de lesiones y que hagan frente a idéntica cuantía durante un año y medio por el de daños.

Según el relato fáctico de la acusación, “sobre las 6.30 horas” del 26 de julio de 2018, “en una actuación previamente planeada y organizada, con preparación anticipada de objetos e instrumentos peligrosos como hierros, cizallas, lanzallamas en spray, piedras y botes con cal viva y heces”, se produjo la “entrada masiva” de “al menos 602 inmigrantes indocumentados procedentes de territorio marroquí por el perímetro fronterizo de Ceuta”.

El grupo “estaba perfectamente organizado y coordinado bajo las órdenes de los acusados y dividido en tres subgrupos” y superó la doble valla de 6 metros de altura “utilizando la fuerza contra las cosas y violencia contra las personas”. “Los acusados”, imputa la Fiscalía, “organizaron a las personas a las que dirigían a fin de que violentaran (con los instrumentos de que disponían, como cizallas y radiales eléctricas portátiles, facilitados por la organización) el vallado”.

A continuación, una vez que iban accediendo a territorio español y “con ánimo de atentar contra el principio de autoridad y de alterar el orden y la paz social para facilitar la entrada del resto de personas que componían los subgrupos”, los procesados “dieron las directrices de utilizar la violencia contra los agentes de la Guardia Civil que cumplían funciones de vigilancia para así evitar que impidieran la entrada del resto de compañeros, utilizando de nuevo armas e instrumentos de carácter peligroso como lanzallamas caseros, palos, piedras, heces y productos abrasivos”.

La Fiscalía detalla que “pese a que los guardias portaban para protegerse escudos, gafas y máscaras anti-gas”, sufrieron “lesiones de diversa entidad”, sobre todo quemaduras químicas y contusiones.