La alcaldesa de Sanxenxo, Catalina González (PP), ha justificado el desalojo esta mañana de los afectados por las preferentes que protagonizaban un encierro por turnos en el salón de plenos desde hace tres meses en que éstos "rompieron el pacto" tácito que mantenían con la administración local.

En declaraciones a EFE, González ha subrayado que una de las condiciones de la corporación para permitir e incluso "ponerles a disposición todos los medios" para que los afectados mantuvieran el encierro en dependencias municipales era que "no podían interferir en el normal desarrollo" de la corporación.

Y esa condición, ha abundado la alcaldesa, "se alteró ayer" con la suspensión del pleno, cuyo aforo de público ordenó limitar a 50 personas "por recomendación de los responsables de seguridad", en vista de que, aparte de víctimas de las preferentes, pretendía acudir un colectivo de apoyo al nuevo colegio de Vilalonga.

También influyó en esa decisión, según ha reseñado González, la suspensión, a lo largo de la mañana, de los plenos de As Neves, Salvaterra y Gondomar, todos en la provincia de Pontevedra.

"Todos teníamos claro desde un principio que habría colaboración total pero que no se podía afectar el desarrollo de la vida municipal. En cuanto no se pudiera celebrar una comisión informativa o de Gobierno, o un pleno, se desalojarían las dependencias municipales", ha reseñado.

La alcaldesa de Sanxenxo también ha considerado que los afectados por las preferentes "rompieron el pacto" cuando convocaron a medios de comunicación de ámbito nacional y mantuvieron reuniones con miembros de los partidos de la oposición, a los que ha reprochado que "se presten a este juego".

Ha destacado que hasta la fecha la relación del ayuntamiento con los afectados por las preferentes era de "total colaboración" y que la intención es que así siga siendo en adelante, pero ha insistido en que "hay unos límites que no se pueden traspasar", por lo que cree "acertada" la decisión de desalojar el salón de plenos.

González ha avanzado que el Gobierno municipal estudiará si de la suspensión del pleno de ayer se pueden exigir "responsabilidades" a quienes la causaron.