El Pleno de la Asamblea ha aprobado este lunes a propuesta de Caballas "incluir en los Pliegos de Condiciones y Convenios de la Ciudad cuyo objeto sea la realización de actividades en la que sea frecuente y habitual el contacto con menores desarrolladas por empresas, asociaciones o entidades privadas" la obligatoriedad de que los trabajadores "presenten periódicamente el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual".

La consejera de Recursos Humanos, Kissy Chandiramani, ha asegurado que la Administración autonómica ya acordó tomar esa medida el año pasado y que el PSOE reiteró la necesidad de hacerlo en primavera, pero a pesar de ello ha anunciado que votaría a favor de la iniciativa de la coalición.

Su exposición ha molestado a Ali, que ha acusado al Ejecutivo de Vivas de "inventarse" los argumentos con tal de "decir siempre que ya está haciendo lo que se le pide". "Hemos revisado y contrastado con empresas y asociaciones que no se están pidiendo esos certificados y que ni en un Convenio se ha incluido la obligatoriedad de presentarlos y si quiere le diremos los nombres", ha retado el localista a la consera.

La Ley de Protección de la Infancia de 2015 introdujo la obligatoriedad de obtener y presentar el Certificado de antecedentes penales específico para delitos sexuales para "todas las personas que pretendan trabajar o se encuentren trabajando con menores" o para desarrollar cualquier tipo de actividad que suponga contacto habitual con niños.

Con esta medida se pretende "facilitar la prevención, la investigación y persecución de tales delitos y pretende evitar que quienes sean condenados en sentencia firme ya sea en España como en otros países, por cualquier delito sexual, así como trata de seres humanos con fines de explotación sexual (incluyendo la pornografía sexual) puedan realizar actividades en contacto con menores".

Según Caballas, la Ciudad "vela por su cumplimiento en todo lo relacionado con la selección de su propio personal" pero "no hace el mismo control en aquellos casos en los que las actividades con menores se llevan a cabo por empresas o entidades privadas, ya sea mediante contratos o convenios, lo que genera un vacío en la exigencia del cumplimiento de la ley en una cuestión que reviste una gran importancia".