El consejero de Medio Ambiente del Gobierno ceutí, Emilio Carreira, “no ve razones” para abrir un expediente informativo al jefe de Industria, Manuel Jurado, con el fin de “esclarecer lo sucedido” y, en su caso, depurar “las responsabilidades a las que hubiera lugar” por todas las derivadas del ‘caso Oclem’, tal y como pidió formalmente la coalición Caballas, de cuyo escrito no dará traslado por tanto presumiblemente al Área de Susana Román, la competente para instruirlo.

La formación localista fundamentó su petición en que "nos parece especialmente grave que los informes que emitan los técnicos municipales puedan estar 'dictados' por las empresas privadas que resultan beneficiarias de los contratos, algo que merece una explicación convincente".

Jurado siempre defendió la auditoría sobre la gestión del alumbrado público que se le encargó efectuar a la 'Oclem' en 2011 por cerca de 18.000 euros como paso previo a la licitación de un macrocontrato por 24 millones para su externalización, finalmente cancelada por "razones de interés público". El interventor, sin embargo, se negó a su abono argumentando que el informe no valía lo que costaba. Al final la consultora presentó una querella por presunta prevaricación que ha sido desestimada en los Juzgados, por lo que no ha cobrado ni se prevé que lo vaya a hacer.

En las diligencias judiciales apareció un correo electrónico en el que un ingeniero técnico de ‘Oclem’ remitía a Jurado un texto que coincide palabra por palabra con un dictamen suyo avalando el pago de la cantidad. “Estas son las notas que le he enviado a Jurado para el informe que le solicita la presidenta de la GIUCE”, explicó en otro correo el trabajador a sus jefes.

Para Caballas "la causa ha sido archivada, como era lógico, y como consecuencia de ello toda la ciudad ha tenido conocimiento de que existen determinados correos electrónicos que demuestran una relación cuanto menos tóxica entre el jefe del Servicio de Industria y la empresa que recibió 'a dedo' la adjudicación del contrato".

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