La nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades sitúa a Ceuta y Melilla como opciones idóneas para la inversión empresarial por su “baja tributación sin recurrir a paraísos” según PricewaterhouseCoopers (PWC), una de las firmas de servicios profesionales más importantes del mundo en servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento.

“La no tributación de las plusvalías obtenidas por la transmisión de sociedades españolas, combinada con el endurecimiento de la normativa en materia de transparencia fiscal internacional, potencian el uso de Ceuta y Melilla como emplazamiento de nuevos negocios que quedarían sometidos a un gravamen del 12,5% en el año 2016”, resalta en un informe sobre la nueva norma la consultora, que en España ha trabajado con todas las empresas pertenecientes al Ibex 35.

Para los analistas de PWC la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades contiene una serie de oportunidades “que permiten una mejora de la tributación incentivando el uso de nuestro país como plataforma de inversión tanto en España como en el extranjero”.

En esa línea, estima que “el desarrollo de actividades tanto en las Islas Canarias como en Ceuta y Melilla queda especialmente favorecido”. Por añadidura pone de relieve “la mejora en los incentivos fiscales a la concepción de software, la nueva configuración del perímetro de consolidación y la creación de la reserva de capitalización completan el bloque de las oportunidades destacadas”.

La nueva regulación “esconde una serie de oportunidades” frente a la anterior, que “penalizaba enormemente las estructuras de inversión en sociedades españolas a través de entidades holding también españolas”. Ahora, sin embargo, “la nueva normativa favorece el uso de holding [un tipo de aglomeración de empresas que consiste en que una adquiere todas o gran parte de las acciones de otra] españolas y de entidades en Canarias, Ceuta y Melilla”.

En el ámbito de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), sector en el que Ceuta pretende posicionarse con distintos incentivos e iniciativas como el futuro cable público de fibra óptica, hasta ahora las empresas dedicadas a la producción de software “se encontraban claramente discriminadas por los requisitos establecidos por la normativa para que dichas actividades originaran la acreditación de deducciones fiscales”.

El nuevo marco legal incluye, según PWC, “una definición mucho más acorde con los parámetros internacionales que permite el acceso a deducciones, que pueden alcanzar hasta el 59% de los costes incurridos, a las empresas dedicadas a la concepción de software avanzado”.