Un mes después de recibir el escrito en el que Trace le solicitó formalmente la resolución de su contrato con daños y perjuicios hasta por lucro cesante millonarios por ajustar, según la posición de la empresa, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha anunciado este jueves que la Administración va a buscar fuera el apoyo de servicios jurídicos privados que respalden a los propios en la, parece, larga y complicada batalla jurídica que puede avecinarse con la parte privada.

Enfrente, del lado de Trace, la Ciudad se las va a ver con el despacho 'Gómez Acebo & Pombo', un prestigioso bufete de Madrid al que el propio Gobierno de Vivas recurrió, por ejemplo, para fundamentar la posibilidad de imponer a las navieras la obligación de servicio público de hacer una rotación barata al día, una aspiración que ha encallado en la Comisión Nacioal de los Mercados y la Competencia.

Mientras la Administración ha sesteado, la empresa lleva meses acumulando escritos. En el último ha denunciado que la Ciudad “no está cumpliendo su obligación de pago en los términos pactados” y que “de forma unilateral y contraria a Derecho” ha impuesto, incluso de firmar en abril un nuevo protocolo contrario, “un método de cálculo por el que obtiene y refleja el número mensual de servicios no prestados en función del grado de presencia/ausencia de operarios adscritos al contrato pese a que la propia naturaleza del mismo impone una ‘obligación de resultado’, que los servicios no prestados deben apreciarse en función del grado de limpieza y recogida alcanzado”.

Trace ha advertido a políticos y técnicos de que se exponen desde a “sanciones administrativas disciplinarias por la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales” hasta “una condena judicial por la comisión de un delito contra la Administración Pública en forma de prevaricación administrativa”

Incluso ha alertado a “los funcionarios y autoridades a cargo del expediente” de que están expuestos a “diferentes tipos de responsabilidades” por su actuación, desde “sanciones administrativas disciplinarias por la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales” hasta “una condena judicial por la comisión de un delito contra la Administración Pública en forma de prevaricación administrativa”.

En semejante tesitura, Vivas ha defendido que "en esto de la limpieza el Gobierno no para desde el punto de vista técnico, político y jurídico". "El acuerdo del Pleno para resolver el contrato ha pasado a los servicios jurídicos y estamos barajando la posibilidad de buscar un mecanismo de apoyo a nuestros abogados a través de una consulta externa porque es un asunto de mucha envergadura y aunque, por supuesto, los nuestros están preparados pero tienen que atender también su labor del día a día", ha querido no ofender a nadie.

"Ha surgido una cuestión nueva, adicional, de mucha envergadura y vamos a buscar asesoramiento técnico externo de calidad sobre el cauce para lograr el objetivo político: nosotros tenemos claro que las prioridades son servir al interés general, cumplir con la Ley, defender a la Ciudad de manera justa y mejorar la calidad del servicio respetando los derechos de los trabajadores y para eso la herramienta que manejamos no satisface a nadie", ha resumido.