La Ciudad Autónoma va a lanzar un programa de ayudas con 90.364 euros del programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (MOVES II) para “fomentar las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética” a través de incentivos a la movilidad sostenible. Se va a poder subvencionar la adquisición de vehículos de energías alternativas y la implantación tanto de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos como de sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas.

A las dos primeras líneas de subvenciones podrán presentarse tanto empresas como personas físicas mayores de edad y comunidades de propietarios, mientras que la tercera está limitada para empresarios, sociedades y el sector público.

El 70% del presupuesto total (63.255 euros) se destinará a cofinanciar la compra de vehículos ‘limpios’, un 20% (18.072) a la implantación de puntos de recarga y el 10% restante (9.036 euros) a apoyar la puesta en marcha de sistemas de alquiler de bicicletas eléctricas.

Habrá ayudas por un montante de entre 3.600 y 13.500 ayudas por vehículo de energía alternativa en función de su motorización y características. En el caso de las personas con discapacidad o movilidad reducida que se adapte para su conducción la cuantía se podrá incrementar en 750 euros, algo también previsto para los profesionales autónomos con idénticas características.

Para la implantación de sistemas de préstamo de bicicletas eléctricas serán subvencionable el proyecto;  la obra civil; anclajes y bases del sistema; el coste de adquisición de las bicicletas; y los gastos en software necesarios para gestionar el sistema de alquiler. La  obra  civil  y  adquisición  de  los  distintos  elementos  del  sistema  no  podrá  haberse producido  con anterioridad  a  la  fecha  de  registro  de  la  solicitud  en  la  convocatoria  correspondiente  de  este programa de subvenciones. Los  sistemas  podrán  ser  tanto públicos  como “restringidos  al  ámbito  de  empresas  o  polígonos industriales”.

Las solicitudes de ayuda presentadas (preferiblemente por vía telemática) se resolverán “por estricto orden de entrada y hasta el agotamiento del crédito”, según la resolución elaborada por la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos. El  crédito  máximo  recogido para cada línea de actuación  podrá  ser  redistribuido  si,  transcurridos  seis  meses desde la apertura del plazo de solicitudes, en alguno de los epígrafes no se registran solicitudes suficientes para agotar los fondos disponibles y en cualquiera de los otros existiese lista de espera.

El plazo de presentación de solicitudes será de hasta doce meses y comenzará el día hábil siguiente a la publicación de la resolución o su extracto en el BOCCE.