El último borrador del documento 'Por un futuro más estable y seguro para Ceuta' que el Gobierno de la Ciudad ha redactado con sus medidas originales y más de 50 aportadas por los agentes sociales y la oposición apunta como objetivo en el marco del desarrollo del Régimen Económico y Fiscal (REF) por "considerar a todo el término municipal de la ciudad como una Zona Económica Especial" en la que se tributaría a un tipo del 4% en el Impuesto de Sociedades (el general es del 25%, con 50% de bonificación en la ciudad autónoma) "con los mismos requisitos establecidos para las Zonas Especiales de Canarias (ZEC)".

El objetivo es ampliar y fortalecer el sector productivo local y promover la generación de nuevos puestos de trabajo.

En el archipiélago una de las ventajas más atractivas de este incentivo es precisamente la tributar al tipo reducido del 4% en Sociedades, aplicable a aquellas empresas que se instalen y desarrollen actividad económica en las Islas. A cambio de esta fiscalidad reducida, las compañías deben "contribuir a diversificar actividad económica, objetivo último del este incentivo, se les exige unos requisitos mínimos de generación de empleo e inversión establecidos".

Los requisitos establecidos para crear una empresa bajo este régimen fiscal son cinco:

• Ser una entidad o sucursal de nueva creación con domicilio y sede de dirección efectiva en el ámbito geográfico de la ZEC.
• Al menos uno de los administradores deberá residir en Canarias.
• Realizar una inversión mínima de 100.000 euros (para Tenerife y Gran Canaria) o de 50.000 (en el caso de La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura o Lanzarote) en activos fijos afectos a la actividad, dentro de los dos primeros años desde el momento de su inscripción.
• Crear, al menos, 5 ó 3 puestos de trabajo según se trate de las islas capitalinas o no, dentro de los 6 meses siguientes al momento de la inscripción y mantener este promedio durante los años que esté adscrita a la Zona Especial.
• Que su objeto social esté dentro de las actividades permitidas.

El documento, sometido ahora a una última ronda de debate con la oposición con representación institucional antes de ser sometido al Pleno, también contempla trabajar para conseguir en el Impuesto de Sociedades una "ampliación del límite establecido, sin acreditación expresa, para la consideración de cierre de ciclo mercantil completo, elevando el tope actual de 50.000 euros por persona empleada hasta un máximo de 400.000.

Igualmente aboga por la creación de una deducción específica "para empresarios no residentes que inviertan en nuestra ciudad" en ese tributo.