Emvicesa prevé tener liberadas el 20 de enero todas las viviendas de alquiler para jóvenes de Serrano Orive cuyos adjudicatarios no cumplen los requisitos establecidos hace una década para ser beneficiarios de las mismas (básicamente, tener menos de 35 años de edad; ingresos familiares entre 1.350 y 2.700 euros y no disponer de otra vivienda en propiedad).

El Gobierno de la Ciudad comenzó en verano tras muchos cambios de rumbo sobre la promoción a dar pasos firmes para "normalizar" las 45 VPO después de que en febrero tapiase la primera media docena desocupada para evitar okupaciones.

La recta final del proceso, según los plazos marcados en la última reunión del Consejo de Administración de la sociedad municipal por su actual presidente, Juan José Contreras, pasa, dado que los contratos expiran el 20 de enero, por remitir con al menos un mes de antelación, esto es, como muy tarde el 20 de diciembre, escritos a los arrendatarios en fuera de juego conminándoles a salir de las casas..

Interpelado por si se mantiene esa intención, el Ejecutivo local ha señalado que “la intención es seguir con el procedimiento para normalizar la situación y convocar a la Comisión Local de la Vivienda para aprobar unas nuevas bases de adjudicación”. “Todo lo que se haga”, ha dejado claro el Gobierno que preside Juan Vivas, “será contando con los grupos políticos con representación en la Asamblea”.

El último informe oficial sobre esas 45 casas (cuarenta apartamentos de un dormitorio y cinco con dos) entregadas en 2010 a cambio de rentas inferiores a 200 euros mensuales apunta que sólo 8 de los inquilinos actuales tenían, en su fecha de elaboración, menos de 35 años, aunque todos caían en otros requisitos que en su día no les hubieran permitido entrar en el sorteo de esas viviendas: o debían parte del alquiler, o tenían deudas con la Hacienda local o contaban, para mayor escarnio, con otras viviendas en propiedad.

Aunque la Administración ha tanteado varias veces la posibilidad de hacer caja con el edificio enajenando las viviendas, al final ha optado por mantener su régimen de uso original para facilitar la emancipación juvenil por la vía del arrendamiento.

En mayo, la Consejería de Fomento tuvo preparadas unas nuevas bases de adjudicación cuya aprobación se postergó por la cercanía de las elecciones municipales. Los requisitos que proponía imponer a los potenciales solicitantes eran unos ingresos familiares ponderados de entre 1.300 y 3.000 euros mensuales (de 2,5 a 5,5 veces el IPREM), tener menos de 35 años de edad y ser español o tener residencia  legal  en territorio nacional mediante DNI, NIE o TIE.

También estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda con una antigüedad de 3 meses y empadronado en Ceuta con una antigüedad mínima de 48 meses.

Además, cada aspirante tendría que aportar un certificado catastral  que acredite que no es titular del pleno dominio ó de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda sujeta a régimen de protección pública ni de una vivienda libre.