El Consejo de Administración de Emvicesa ha aprobado este lunes por unanimidad de todos los Grupos Políticos que la sociedad emprenderá acciones legales contra los inquilinos de las viviendas de alquiler para jóvenes de Serrano Orive que no las han abandonado todavía pese a incumplir los requisitos de concesión (tener menos de 35 años, ocuparlas de forma efectiva, no tener otras casas en propiedad...).

Una semana después de que, el 20 de enero, expirase el plazo dado por la sociedad municipal a los arrendatarios, la Administración solamente ha recibido las llaves de cuatro que se suman a las 8 que ya estaban libres y tapiadas para evitar su okupación.

Un total de 33 siguen de manera efectiva en manos de quienes se niegan a dejarlas una década después de su adjudicación. Si persisten en esa actitud se las verán con Emvicesa en los Juzgados, aunque la empresa pública revisará antes el procedimiento seguido para su desahucio.

Los inquilinos han alegado que tienen pendiente de resolución la reclamación que formularon hace años, cuando Emvicesa se inclinaba por venderles las viviendas en vez de mantenerlas en alquiler para favorecer la emancipación juvenil, como finalmente decidió.

También han esgrimido, de la mano del conocido bufete al que han recurrido para recibir asesoramiento jurídico, que el órgano competente para resolver sus contratos no es el presidente del Consejo sino el órgano como tal; que la Ley que regula los arrendamientos exige actualmente 4 meses de preaviso; y que en las comunicaciones de Emvicesa no constan los motivos del desestimiento de la relación, algo que a la luz de la normativa la Administración considera que no tiene por qué detallar.

Según el expediente abierto, "todos los arrendatarios salvo 3 superan la edad de 35 años, requisito de admisión determinante para el grupo de jóvenes destinatarios de la adjudicación". Además, "al menos 10 de ellos poseen una vivienda en propiedad" y alguno, casi latifundista urbano, es dueño de un mínimo de tres. Otros tres "superan los ingresos máximos previstos para la adjudicación", 5,5 veces el IPREM, es decir, casi 3.000 euros mensuales; y "al menos 2" no tienen constituido su domicilio en la vivienda adjudicada".