El Gobierno central del PSOE y Podemos ha explicado a los diputados de Vox inquietos por que en los Planes de Empleo 2020-2021 se reservase un cupo del 0,5% de sus plazas para jóvenes ex tutelados (extranjeros o no) que "en los programas de políticas activas de empleo pueden participar las personas inscritas como demandantes de empleo, con independencia de su nacionalidad". Según la Delegación, que entró en la terminología de los de Abascal, de las cinco plazas solo se ocuparán dos, ambas por chicos "españoles".
Teresa López y otros compañeros de bancada preguntaron por el motivo de ese cupo "si dichos menores deben ser repatriados para volver a su entorno familiar" y por si el Estado tiene "conciencia" de que "dichos empleos deben ser ocupados por nacionales residentes en Ceuta".
Lean la normativa, les ha venido a responder el Gobierno, que ha detallado que la Orden Ministerial de referencia estipula que pueden inscribirse como demandantes en los servicios públicos de empleo y en las agencias de colocación "aquellos extranjeros no comunitarios, mayores de dieciséis años, que, en aplicación de la vigente normativa sobre permanencia y trabajo de los extranjeros en España, tengan reconocido el derecho de acceso al mercado de trabajo".
Es decir, en la selección de beneficiarios no computa, como parece anhelar Vox, si en el pasaporte se tiene o no la rojigualda, sino, en el caso de los menores, estar "en edad laboral" y tener "una autorización de residencia temporal a favor de un menor extranjero no acompañado, acreditada con la tarjeta de identidad de extranjero o con la resolución por la que se conceda dicha autorización, o acreditación de los servicios de protección de menores de la Comunidad Autónoma".
A petición "de Servicios Sociales"
"El cupo de menores tutelados o extutelados se aprobó en la reunión de la Comisión Ejecutiva provincial celebrada el 8 de septiembre a propuesta de los Servicios Sociales de la Ciudad", ha reseñado el Ministerio, que ha precisado que la pertinencia de la reserva está justificada "habida cuenta de la situación de desprotección económica y laboral que sufre el colectivo de tutelados, tanto nacionales como extranjeros; no pudiendo obviarse que se trata de políticas activas de empleo, y cuya función expresa es abrir el campo de la empleabilidad a aquellos grupos sociales que están teniendo dificultades en el acceso al mercado laboral".
Los jóvenes tutelados y extutelados tenían que presentar un informe favorable del Área de Menores que certificase "su buena trayectoria" y "cumplir con el requisito imprescindible de los cuatro años de residencia en la ciudad".
"Es un cupo mínimo que busca la integración y así evitar la posible exclusión social a través de su inserción laboral. Precisamente con esta medida se busca evitar una posible situación de marginalidad", ha completado.
