El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido seguir adelante con el recurso que el Ejecutivo de Rajoy presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la decisión de la Corte de Estrasburgo de condenar a España por la devolución en caliente de dos inmigrantes africanos en la frontera de Melilla en 2014. En el escrito, al que ha tenido acceso el diario 'El País', la Abogacía del Estado no esgrime la reforma legal de 2015 que 'legalizó' esas expulsiones bajo dla figura del 'rechazo en frontera' pero sostiene que los indocumentados no habían llegado a territorio español.

Un portavoz del Ministerio de Justicia ha insistido a ese mismo periódico esta semana en que "la voluntad del Gobierno es acabar con las devoluciones en caliente", aunque añadía que no se trata de "suspenderlas y ya está. Se está a la espera de ver qué marco jurídico marca precisamente Estrasburgo" cuando se pronuncie sobre el fallo el próximo septiembre.

El caso que provocó la condena a España arrancó con la denuncia de varias ONG por la expulsión el 13 de agosto de 2014 de N. D. y N. T., procedentes de Mali y Costa de Marfil, que aquel día saltaron la valla que separa Marruecos de España. En octubre de 2017, el TEDH consideró probado que la Guardia Civil los arrestó y los condujo de manera inmediata de vuelta al país magrebí, y sentenció que con ello las autoridades españolas habían violado la Convención Europea de Derechos Humanos. El fallo obligaba a España a indemnizar a cada uno de los dos con 5.000 euros.

Tras la moción de censura que convirtió en presidente a Sánchez, el Ministerio de Justicia remitió una carta a Estrasburgo en el que solicitaba aplazar la revisión fijada para julio y anunciaba que iba a revisar la postura que España tenía previsto mantener en la audiencia. El TEDH aceptó la petición y pospuso su decisión a septiembre. Ese recurso ha llegado ahora a Estrasburgo y en sus 76 folios el Gobierno de Sánchez mantiene la postura del Ejecutivo de Rajoy para negar cualquier irregularidad en la expulsión de los dos inmigrantes.

Según recuerda 'El País', el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había apuntado en esa dirección en julio al justificar las expulsiones exprés que realizó en aquella fechas la Guardia Civil tras el salto de 700 subsaharianos a la valla de Ceuta. Grande-Marlaska esgrimió que los inmigrantes rechazados no habían pisado suelo español y, por tanto, no podía hablarse de devoluciones en caliente.

El documento pone en duda el testimonio de los dos inmigrantes e, incluso, que ambos participaran en el asalto del 13 de agosto de 2014 que supuso su supuesta devolución en caliente. Recalca que esa jornada solo unos pocos de los cerca de 70 inmigrantes que se llegaron a encaramar a la valla de la frontera bajó de la misma por sus propios medios y pisó suelo español. No obstante, señala que “no lograron superar la línea policial” y, por tanto, no entraron “en la jurisdicción española”. El escrito llega a calificar el asalto como “contrario a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.

Pedir asilo

El Gobierno también considera que los dos subsaharianos tuvieron la posibilidad de pedir asilo en las oficinas consulares que España tiene tanto en sus países de origen como en los de tránsito (pasaron alrededor de un año en Marruecos) y que, sin embargo, optaron por intentar alcanzar Europa de manera ilegal. En este sentido, el recurso asegura que, entre 2015 y 2017, los consulados españoles en Bamako (Mali) y Abiyán (Costa de Marfil) tramitaron 65 visados por trabajo y que en el mismo periodo los puestos fronterizos de Mellilla concedieron la condición de asilados a 6.873 ciudadanos extranjeros, cuyas nacionalidades no concreta.

El escrito incluye una exhaustiva descripción de las “específicas características” de Melilla y del control fronterizo, así como numerosos datos estadísticos sobre la entrada irregular de inmigrantes a través de ella y la existencia de mafias que cobran entre 5.000 y 10.000 euros a cada uno por ayudarles. Todo ello acompañado de referencias a informes de la Guardia Civil y Amnistía Internacional.

Finalmente, el recurso referencia numerosas disposiciones legales del ordenamiento jurídico español y europeo sobre el estatuto de asilado para concluir que, en los casos de N. T. y N. D. no son de aplicación porque ambos ya estaban en “un país seguro”, Marruecos, cuando intentaron entrar en España, pese a los cual participaron en “un intento colectivo y violento de traspasar la frontera” sin intentar acudir a los consulados o puestos fronterizos.