En concreto, la normativa habilitó al Ministerio de Hacienda a abonar la actualización de las entregas a cuenta en un escenario en el que aún no se ha aprobado el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año en curso. Se trata de un hecho sin precedentes y que permitirá adelantar liquidez a las comunidades y ciudades autónomas 2.867,08 millones.
El Ejecutivo se comprometió a abonar este importe en los dos próximos meses. El primer pago, que asciende a 1.434 millones, se abonará a partir del próximo lunes. Y el segundo, que es una cifra equivalente, se abonará en torno al 17 de abril.
Además, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comunicó en la reunión de coordinación con los consejeros de Economía y Hacienda que se celebró ayer por videoconferencia que Hacienda estudiará la viabilidad de adelantar para las comunidades que lo soliciten parte del pago de la previsión de liquidación de 2018 que, en condiciones normales, se liberan a mitad de año. La liquidación de 2018 asciende a 10.955 millones.
Las comunidades conocen ya a cuánto ascenderá este año el conjunto de recursos derivados del sistema de financiación autonómica. En total, en concepto de entregas a cuenta, que han sido calculadas con una previsión de crecimiento del 1,6%, los Gobiernos autonómicos dispondrán de 105.802,54 millones de euros, un 2,9% más que el año anterior. Suponen 3.069 millones adicionales.
Incluyendo todos los conceptos del sistema de financiación, las comunidades contarán con 115.887,2 millones frente a los 107.980,4 millones de 2019. Es la mayor cifra jamás registrada y supone un 7,3% más que el año anterior.
Medidas a favor de comunidades y ayuntamientos
Además del adelanto de las entregas a cuenta, el Gobierno ha adoptado otras medidas en beneficio de los entes territoriales. Por ejemplo, el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 aprobado ayer incluyó un suplemento de crédito por un importe de 300 millones de euros para el en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Estos recursos servirán para crear un Fondo Social Extraordinario que se transferirá a las comunidades autónomas para reforzar sus políticas de ayuda a las familias.
En el mismo sentido, el Gobierno permitirá que los ayuntamientos puedan utilizar 300 millones del superávit de 2019 para políticas sociales que mitiguen los efectos negativos del COVID-19.
