Juan Vivas, Jacob Hachuel, Adela Nieto, Antonio Díaz y José Luis Fernández Medina no tendrán que acudir al Juzgado a declarar a finales de marzo como imputados por presuntos delitos de prevaricación y contra la Ordenación del Territorio, como habían sido citados, para aclarar cómo entró en funcionamiento y operó un “establecimiento móvil de venta de comidas y bebidas” en la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar supuestamente sin licencias.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha archivado la causa abierta en 2019 después de que el denunciante renunciase a seguir adelante (tras recibir “explicaciones convincentes”, según las fuentes consultadas) y de que la Fiscalía solicitase el sobreseimiento a principios de diciembre.
Las diligencias se abrieron a mediados de agosto de 2019, cuando un ciudadano se presentó ante el Juzgado de Guardia para alertar de que, cuando se dirigía al Hospital, había visto el referido puesto “dentro del recinto propiedad de la Ciudad, área bajo supervisión y control de Amgevicesa”.
“En el momento en que se abrió la zona de embolsamiento estuve interesado en la concesión para construir un área de descanso dentro de la misma y deseché la idea una vez me enteré de la imposibilidad de hacerlo de acuerdo a la legalidad vigente a menos que se modificara la Ordenanza”, refirió en su declaración.
Aunque él se echó atrás percibió como “un agravio” ver “que se instaló este establecimiento sin cumplir con la más básica de las normas y ante la mirada complaciente de los encargados de cumplir la Ley”, por lo que instó a la Justicia a “dilucidar a qué intereses económicos o de otra índole responde que el funcionario encargado no haya hecho ningún esfuerzo por remediar la situación y haya bloqueado cualquier intento de investigar el caso o su legalidad”.
La denuncia fue tramitada y, tras escuchar a Fernández Medina como testigo, archivada por el presunto delito de prevaricación que señalaba el interpelante, pero como alertó de que el puesto de venta supuestamente operaba “sin licencias” y con un enganche eléctrico “ilegal” la Fiscalía recurrió al entender que el asunto merecía investigación por supuesto delito contra la Ordenación del Territorio.
La instructora aceptó la posición del Ministerio Público, a la que se adhirió ya personado como acusación particular el denunciante, y solicitó informes de todo tipo sobre el establecimiento a la Policía Local, la Seguridad Social, la Empresa de Alumbrado... Al final, carpetazo.
