El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo No 1 de Ceuta vuelve a dar la razón a UGT y anula otra vez el nombramiento de 23 asesores, 15 del Gobierno y 8 de la oposición, que ya anuló hace un año al considerar que su designación no estaba suficientemente motivada. La sentencia considera que el Gobierno de Vivas desoyó la anulación del nombramiento al no cesar a los asesores recurriendo a un nuevo decreto que motivaba suficientemente cada puesto, pero sin cesarlo. Esto es, sin cumplir la sentencia.

El Consejo de Gobierno aprobaba hace casi un año un decreto motivando de nuevo la designación directa de 23 asesores —15 asesores del Gobierno y 8 de la oposición— pero sin cesarles, pese a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo No 1 de Ceuta que ya había anulado esos puestos al considerar que el decreto original no alcanzaba “el umbral de motivación exigible” y las funciones atribuidas a esos asesores, designados para “apoyo y asesoramiento”, fueron “del todo imprecisas y genéricas, careciendo de la “expresividad exigible”. El Ejecutivo de Vivas consideraba que con el nuevo decreto sí cumplía "suficientemente" con las explicaciones y la expresividad que requería la sentencia que declaraba nulos esos puestos y no era necesaria su anulación para cumplir la sentencia, como sí reclama el sindicato. En FesSP-UGT no se quedaron ni mucho menos satisfechos y recurrieron también el nuevo decreto.

La sentencia da un argumento (casi metafísico ) de peso: “Un acto anulado no es un acto anulable, sino que ya no es un acto y no se puede convalidar lo que no es”.

Un año después, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo No 1 de Ceuta vuelve a dar la razón a UGT y anula aquella decisión que el Gobierno del PP creía “suficiente” y condena a la Ciudad una vez más a pagar las costas del juicio. Y da un argumento (casi metafísico) de peso: “Un acto anulado no es un acto anulable, sino que ya no es un acto y no se puede convalidar lo que no es”.

La sentencia, en la que cabe recurso, admite completamente el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la Federación de Servicios Públicos de UGT CEUTA contra la resolución de la Ciudad Autónoma de Ceuta declarando su nulidad y “con expresa imposición de costas a la administración demandada”. El Ayuntamiento, reprocha el juez, “ha pretendido con el acto convalidatorio (…) salvar de una forma ilegal la anulación de ésta decretada por los Tribunales, lo que significa incumplir los términos de la sentencia”.

"Desde el año 2015 en el que Vivas dio el gran salto cualitativo en el número de “asesores” aumentándolos de un tirón de 18 a 41, veintitrés asesores más  a costa del bolsillo de los contribuyentes"

En la primera sentencia se señalaba que “es imprescindible que la creación de los puestos de trabajo de personal eventual venga respaldada por una exhaustiva motivación de las razones por las que se consideran que las funciones a las que se les destina, que deben especificarse, no pueden ser cubiertas por el personal existente”. Pero, en el caso de estos 23 asesores, el Gobierno no incluyó tras las elecciones “la más mínima mención” sobre las funciones que tendrían los ocupantes de los puestos creados en su primera versión y en la segunda se limitó a una exposición “del todo imprecisa y genérica”, con lo que “no puede sino concluirse que en la creación de los 23 puestos no se observaron los principios a los que debe ajustarse el ejercicio de la potestad de autoorganización de la Administración”.

Un error que la Ciudad quiso corregir “motivando exhaustivamente” los puestos y su necesidad, pero, eso sí, sin anularlos formalmente. Sin cumplir de forma efectiva la sentencia. Una pretensión que reprocha la sentencia el Juzgado apelando a jurisprudencia del Tribunal Supremo: “Carecería de sentido que quien ha obtenido la anulación de un acto administrativo mediante sentencia firme tuviera que iniciar otro pleito distinto para lograr que la Administración no diera después al acto anulado cualquier tipo de eficacia”. 

Recuerden, en especial en el Gobierno: “Un acto anulado no es un acto anulable, sino que ya no es un acto y no se puede convalidar lo que no es”.

Para UGT, que ha remitido un comunicado valorando la sentencia, ha vuelto a dar la razón a la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores "en la lucha incansable que lleva durante años contra la megalómana estructura que alrededor de su Gobierno ha ido creando el Presidente Vivas con el consiguiente derroche de recursos del Capítulo 1 de los Presupuestos de la Ciudad, todo a ello a costa de los bolsillos de los contribuyentes".

"No tenemos ninguna duda que su Gobierno recurrirá esta sentencia--auguran desde el sindicato--aún a sabiendas que el TSJA va a ratificarla, lo recurre con el dinero de todos los ciudadanos, como hizo con la anterior sentencia" 

"Desde el año 2015 en el que Vivas dio el gran salto cualitativo en el número de “asesores” aumentándolos de un tirón de *18* a *41* (*veintitrés* *asesores más* a costa del bolsillo de los contribuyentes, la FeSP-UGT ha ido presentando alegaciones, todas ellas rechazadas por el Gobierno lógicamente, y acudiendo al Contencioso, ganando sentencias que el señor Vivas como hábil trilero ha ido sorteando, como ha hecho en el caso de los viceconsejeros y hará cuando salga la sentencia sobre el desaforado número de directores generales".

"No tenemos ninguna duda que su Gobierno recurrirá esta sentencia--auguran desde el sindicato--aún a sabiendas que el TSJA va a ratificarla, lo recurre con el dinero de todos los ciudadanos, como hizo con la anterior sentencia que ganó la UGT sobre su indemnización por residencia en la que de forma impúdica contrató a un abogado por quince mil euros para defender su propio bolsillo sin ruborizarse. Tardaremos dos años más en que llegue la sentencia del TSJA y si puede recurrirá en casación ante el Supremo, mientras los ciudadanos seguimos pagando las retribuciones de veintitrés asesores, que nunca serán devueltas".

"Y no contento con este volumen de “asesores”, en plena crisis del Covid-19, cuando todos los ayuntamientos refuerzan sus plantillas para prestarle un servicio más eficaz a sus ciudadanos, aquí el Gobierno del señor Vivas no tiene un euro para contrataciones, cuando hay servicios básicos que están al borde del colapso. Eso sí, van a nombrar cuatro asesores más, al parecer todos ellos muy patrióticos, para eso sí hay dinero. Indignante y bochornos", afean, preguntándose "por qué se le permite todo esto. ¿Cómo es posible que durante dos décadas Vivas haya gobernado esta Ciudad sin Secretario General, ni Interventor? Las dos figuras básicas de cualquier administración autonómica o local, una para controlar la legalidad de las decisiones que se adopten y la otra para controlar las cuentas ¿Y por qué se ha tolerado que en todos los procedimientos judiciales por nombramientos indebidos haya ido haciendo piruetas judiciales para eludir la acción de la justicia? Llegando al punto de que el Tribunal Supremo en la sentencia de casación por el asunto de los viceconsejeros calificara sus maniobras como fraude de ley."

"Ya lo hemos dicho con anterioridad y lo volvemos a repetir. *Es urgente que intervenga la fiscalía* en defensa del ciudadano para evitar que prolongue todos estos pleitos de forma artificial y cambie denominaciones de cargos, direcciones generales, viceconsejerías y todas las artimañas habidas y por haber para que los fondos públicos no se puedan seguir utilizando indebidamente. Y desde luego el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene que intervenir sin dilación para que se nombre un Interventor y un Secretario General y desde luego que no sea elegido por el dedo del señor Vivas".

Por si acaso, en UGT, ya preparan una nueva demanda "en evitación de que el Ejecutivo Local con su presidente a la cabeza siga con esta política de intentar esquivar a laJusticia a costa del bolsillo de los ciudadano".